El pedido fue realizado por los abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Sonia Von Lepel y Diego Terrazas, al Juzgado de Ejecución de Salto del Guairá.
Lepel expresó a la emisora 780 AM que al anularse la condena por el caso de Curuguaty, a Rubén Villalba solo le queda la causa conocida como Pindó, que data del año 2008, por la que fue condenado a siete años de prisión el 12 de febrero del año 2015. El Tribunal de Sentencia estuvo conformado por Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero y Arminda Alfonso.
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Explicó que en Paraguay no hay penas acumulables y que si la persona se encuentra condenada por dos causas, las penas se cumplen de manera simultánea, por lo que los seis años de prisión que ya lleva el labriego le servirían para la sentencia por el caso Pindó.
Asimismo, señaló que, al igual que Villalba, muchos campesinos que luchan por la tierra han sido procesados por el Estado paraguayo “utilizando el sistema penal de manera represiva y sistemática”.
Rubén Villalba se encuentra preso en la penitenciaría de Tacumbú desde el año 2012, por la masacre de Curuguaty, que terminó con la muerte de seis policías y 11 campesinos en un intento de desalojo.
Un total de 11 labriegos fueron condenados por el hecho y resultaron absueltos gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia. De ellos, solo Villalba continúa en prisión.
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La causa conocida como Pindó data del 2008, cuando un grupo de pobladores interceptó y retuvo un vehículo de la Fiscalía, que fue a la zona de la colonia Pindó, del distrito de Yasy Kañy, Departamento de Canindeyú, por una denuncia realizada por los propietarios de un inmueble dedicado al monocultivo de soja, lindante con la comunidad.
En ese momento, funcionarios y asistentes fiscales, además de los agentes policiales, fueron privados de su libertad por los sintierras y llevados hasta un campamento donde fueron retenidos por más de dos horas en contra de su voluntad, de tal manera a no realizarse el procedimiento de desalojo, según los datos del Ministerio Público.
Debido a ello, la Fiscalía imputó a Villalba por coacción, coacción grave y privación de libertad, fue condenado en el año 2015.
