Raúl Cortese
ENCARNACIÓN
La reciente detención de Óscar Thomas en Buenos Aires, ex jerarca de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) del lado argentino, permitió que vuelva a la palestra un viejo caso no resuelto, en el que un ingeniero paraguayo que estuvo en la entidad había denunciado, pero que no tuvo eco en las principales autoridades locales de entonces.
Se trata del ingeniero Aldo Ríos, ex jefe de Control de Gestión en la EBY, siendo directores Thomas y Carlos Cardozo por el lado paraguayo.
El ingeniero relató que ingresó a la entidad en 2009 y al mes algunas herramientas de control (software) no funcionaban, y habían costado USD 5 millones. “Tres meses duró una auditoría interna relacionada a esta irregularidad, incluso desde el llamado a licitación hecho en 2005. Pero la orden de arriba era pagar por algo que no funcionaba, y seguir abonando hasta la actualidad incluso, sin importar el resultado de la auditoría”, puntualizó.
Según Ríos, el tema se manejaba en las altas partes, en complicidad con el Consorcio de Gestión y Monitoreo para Yacyretá (GMY). “Presenté la denuncia, pero hubo en ese tiempo una reunión en Buenos Aires entre el consejo directivo, a cuya reunión no fui invitado, y al asesor jurídico por Paraguay, Pedro Czeranik, no le dejaron entrar”, sostuvo.
En esa reunión –según el ingeniero– se decidió seguir pagando por ese software e incluso ampliar el contrato, hasta tanto finalicen las obras del PTY, o sea unos G. 350 millones mensuales, con lo que todo el proceso y la investigación como el resultado de la auditoría no sirvieron para nada, de acuerdo con sus expresiones.
Ríos cuenta con las documentaciones respectivas y dijo aguardar algún llamado para colaborar con la Justicia. “Hoy la Justicia argentina está procesando solamente a uno de los actores de estas maniobras; para cometer estas irregularidades el lado argentino necesitaba sí o sí de la firma y aprobación del lado paraguayo. No se puede ejecutar nada de manera unilateral, acá la cosa es que el tango se baila de a dos”, refirió.
Ríos pidió posteriormente una audiencia con el entonces presidente Fernando Lugo, pero, según dijo, al conocerse el contenido del informe este dejó de ser del interés de las máximas autoridades, en tanto que los certificados de las empresas contratadas para ciertos trabajos continuaban llegando a su oficina para ser cobrados. “Se quería cobrar por ociosidad, por no trabajar, ya que la EBY no liberaba las áreas para el trabajo”, recordó.
Dentro de las irregularidades había una pila de certificados con muchos más millones por obras que no se hacían, pero aguardaban la aprobación para el cobro, según explicó.
