A través de la cuenta de Facebook de la asociación Olfateando Huellas se denunció el hallazgo de un perrito en el barrio Lérida de la ciudad de San Lorenzo, el pasado domingo. Según el reporte, el animal sufrió golpes en la cabeza que le provocaron un edema, además de golpes en todo el cuerpo.
La denuncia fue realizada formalmente ante las autoridades por integrantes de la asociación, quienes también realizaron una investigación hasta dar con quien sería supuestamente la dueña del animal y principal sospechosa del maltrato.
“Hicimos todo ese trabajo para simplificar a la Fiscalía, ya queda en ellos corroborar todos los datos que nosotros conseguimos y lo que nosotros logramos. Lógicamente, se tienen que agregar algunas cosas más”, comentó Diana Camarasa a Última Hora.
Al parecer, una mujer de profesión odontóloga sería la propietaria del animal. La misma fue delatada por algunos vecinos, quienes dieron características de ella y de su vehículo, así como un video de circuito cerrado que ayudó a identificar a la mujer.
Este miércoles, el Ministerio Público tomó conocimiento del hecho y dispuso que la fiscala Liz Recalde se encargue de la investigación.
Camarasa manifestó que espera que la Justicia sancione con una pena máxima a los responsables del hecho.
Kokito, como fue bautizado, está siendo asistido en la Fundación Maris Llorens, y en estos momentos se encuentra recuperándose.
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En setiembre del año pasado fueron modificados los artículos 10 y 38 de la Ley Nº 4840, de Protección y Bienestar Animal, dando nuevas funciones a la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal en cuanto a las medidas y aplicaciones para la protección de las mascotas. De igual manera, se establecieron penas para quienes maltraten a los animales domésticos.
El artículo 26 de la normativa señala que: “Toda persona está obligada a respetar y abstenerse de causar daño o lesión a cualquier animal. Igualmente, debe denunciar ante la autoridad de aplicación todo acto de crueldad cometido por terceros del que tenga conocimiento”.
El artículo 38 de esta normativa establece hasta dos años de prisión o multa en caso de que un animal resultase muerto; así como la prohibición de adquirir o poseer otros animales por un plazo que podrá ser de hasta 10 años.
La pena carcelaria es aplicable también para quienes maltratan física y psicológicamente a los animales, en casos de zoofilia y de abandono, así como la cría y la comercialización de animales sin licencia ni el permiso correspondiente.
Las multas aplicadas en los casos más graves pueden ser de hasta 1.500 salarios mínimos. (G.117.757.500). Para determinar las sanciones se analizará el grado de sufrimiento animal, el daño a la especie y la biodiversidad, la reincidencia y el ánimo de lucro ilícito.
En el caso de las muertes por accidente vehicular de una mascota, la pena no se aplicará.
