El pedido de renuncia de Hugo Velázquez fue rechazado durante el receso en la Comisión Permanente por una cicatriz electoral entre colorados, pero ayer se logró una declaración política de la Cámara de Diputados de remitir el informe del Gobierno de los Estados Unidos e instar al Ministerio Público a abrir una investigación relacionada con las denuncias de ese país sobre nexos de Horacio Cartes y del vicepresidente de la República con el crimen organizado.
En el mismo proyecto se solicita individualizar a los parlamentarios acusados por Estados Unidos de recibir sobornos de Cartes, quien hoy es presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
La proyectista de la declaración es la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González.
“Como legisladores, en el gravísimo orden de la situación actual, debemos comprender a las designaciones por parte de los Estados Unidos de Norteamérica como razón suficiente de la existencia de una profunda crisis democrática e institucional que debe ser atendida cuanto antes. Este es el momento culmen en el que las acciones y decisiones deben ser tomadas. Toda omisión y todo silencio por parte de este cuerpo legislativo forma parte también de la más elaborada de las respuestas en servicio de los significativamente corruptos”, apuntó la legisladora.
Impunidad. La denuncia del Gobierno de los Estados Unidos de que Horacio Cartes pagaba sobornos a senadores y diputados por su lealtad y por legislar en favor de sus intereses quedó en la impunidad, ya que el Ministerio Público no abrió ninguna investigación.
El embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, anunció la decisión de su país, en enero pasado, de imponer sanciones a Cartes y Velázquez por sus acciones ilícitas y vínculos con el terrorismo, además de los sobornos.
“Mientras era presidente de Paraguay, Cartes continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo. Mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales; los pagos oscilaron entre USD 5.000 y USD 50.000 por cada miembro. Cartes aseguró la efectividad de este esquema cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes”, expresaba el informe.
Los legisladores, durante el receso parlamentario, no tomaron medida alguna desde la Comisión Permanente, eludiendo el tema, pese a su gravedad.
“Toda omisión y todo silencio por parte de este cuerpo legislativo forma parte también de la más elaborada de las respuestas en servicio de los significativamente corruptos”, manifiesta Kattya González en su proyecto.
La Fiscalía ya recibió el informe por parte de Estados Unidos sobre el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, referente a sus vínculos con el terrorismo, acusación que también salpica a Cartes. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que son insuficientes para formular una imputación.
En destaque
“El silencio del cuerpo legislativo forma parte de una respuesta en servicio de los significativamente corruptos”.
Kattya González, diputada del PEN.
“Se deben mostrar pruebas de qué ley y en qué sesión concreta los legisladores específicos recibieron dinero”.
Derlis Maidana, diputado de la ANR.