El abogado Ezequiel Santagada manifestó que una de las razones por las que se ignoran estos hechos es que “no es conveniente aclarar la verdad” y porque la Contraloría General de la República (CGR) nunca analizó los casos.
Manifestó que esta institución debe aclarar si se trata de una irregularidad y así remitir el caso al Ministerio Público.
Indicó que antes de las publicaciones, nadie creía conveniente declarar la verdad y la Contraloría nunca hizo su trabajo.
Recordó que no es el único caso ya que el diputado Basilio Bachi Núñez también modificó su declaración jurada recientemente.
Samaniego declaró, según el balance del 2016, siendo intendente del distrito de Quyquyhó, solo G. 52.790.000, pero apenas la ciudadanía tuvo acceso a los documentos, agregó poseer ganado vacuno por G. 551.600.000, dato del que se percató cinco años después, sumando así G. 604 millones en su patrimonio total.
Coincidentemente, Samaniego, junto con la mayoría de los colorados, aprobaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que consideraban las declaraciones falsas como errores administrativos, despenalizando el hecho. Incluso operaron ante la Corte Suprema para que el tratamiento del recurso de amparo para la publicación de los datos sea suspendido.
El proyecto no prosperó por presión ciudadana, no obstante, ya se notaron varias inconsistencias en las declaraciones juradas que siguen sin ser investigadas. Por ese motivo, Santagada apuntó que al no haber tenido éxito el proyecto, la Contraloría debería analizar y mandar estos casos al Ministerio Público. “Como mínimo, una bandera de alerta”, resaltó.
Cuestionado. Samaniego es sujeto investigado aunque no imputado, por corrupción municipal, pero es protegido en la Cámara de Diputados y favorecido por la lentitud de la Justicia, que mantiene el caso en el cajón, cuando pasaron dos años de la denuncia.
Concejales de Quyquyhó denunciaron por lesión de confianza a Samaniego, quien fue intendente desde el 2010 hasta el 2017. Acusaron que dejó un faltante de G. 10.000 millones.
El diputado también fue querellado por difamación y calumnia, encarada por la ciudadana Sara Raquel Prieto Ozuna, quien denunció que fue agredida por el legislador durante un incidente en el estadio Defensores del Chaco en abril del año pasado, en un partido de fútbol, donde la mujer prestaba servicios en el área de recepción de hinchas. Por esto, se pidió su desafuero, pero el diputado apeló el pedido e impidió que sea tratado en comisiones por mucho tiempo. Luego de que haya tenido finalmente dictamen favorable, la Cámara sigue postergando su tratamiento.
604.390
millones de guaraníes es el patrimonio que Esteban Samaniego declaró luego de haber corregido la cifra.