Otro de los argumentos es que el mandato de la actual administración feneció el 31 de diciembre y hasta ayer no había decreto que confirme a las nuevas autoridades.
Además, los jubilados exponen que desde 2015 la Superintendencia de Seguros recomendó racionalizar los gastos administrativos de la Caja Bancaria. “Sin embargo, los mismos aumentaron en el orden de G. 9.000 millones solo por la incorporación de nuevos funcionarios, cuyo plantel fue duplicado. Además, aumentaron los gastos por servicios médicos, sin fuente de financiamiento”, sostienen los denunciantes.
Relatan los jubilados que los aumentos en los gastos, además de afectar notoriamente las disponibilidades de la Caja, originaron un déficit actuarial, que a 2017 alcanzó la suma de USD 273.591.000. “Por la inobservancia las recomendaciones de las Superintendencias, tanto de Bancos como de Seguros, el Directorio del BCP resolvió instruir en fecha 28/10/2019 un Sumario Administrativo a la Caja Bancaria y a su Consejo de Administración”, agregan.
Otras argumentaciones se basan en que desde 2016 a 2019 se abonaron por licitaciones G. 177.000 millones más que por el período 2012/2015, cuatro de ellas judicializadas.