El titular de la PGR, Marco Aurelio González, mantuvo reuniones con representantes del Ministerio de la Vivienda, Interior y Desarrollo Social con miras a hacer el registro de las personas que viven y en que condiciones, en las 131 hectáreas que iban a ser desafectadas, de las 9.000 hectáreas de la finca 916.
De 17 ocupantes, 3 ya devolvieron sus parcelas. Aparentemente, son 14 los que se resisten a entregar, de las 16 hectáreas de la zona ribereña.
Destacó que por 17 ocupante se tuvo que movilizar todo el aparato judicial, “entonces con 9.000 hectáreas será mucho más trabajo, por eso hicimos la reunión con los distintos ministerios y la Gobernación”.
La Fiscalía solicitó información sobre antecedentes judiciales de la finca 916. “El viernes le remitimos los documentos, que son información de sentencia donde la Procuraduría demandó la nulidad de adjudicación a Pedro Duarte, e información de otros juicios y todas las diligencias”, señaló el procurador.
Por otro lado, indicó que una vez que la Procuraduría termine el proceso que están llevando a cabo, se analizará como informar a la Fiscalía sobre hechos que podrían ser indicios de hechos punibles, independientemente al pedido de informe que realizó la Fiscalía en el marco de la causa que ya se abrió por la denuncia de la senadora Yolanda Paredes.
Cabe señalar, que los ocupantes vips de la finca 916, del padrón 14638, fueron denunciados penalmente por la senadora Yolanda Paredes por la presunta comisión de diversos hechos punibles.
Los fiscales Diego Arzamendia y Osmar Legal fueron asignados para investigar la ocupación ilegal.
Cerrojo político. En tanto, la Cámara de Diputados, aprobó el veto total por parte del presidente de la República, Santiago Peña, a la ley de despojo de tierras de la Con esto, el proyecto impulsado por el senador cartista Basilio Bachi Núñez quedará archivado, posteriormente, a su paso de mero trámite en el Senado.
El consenso al que llegaron los diputados es necesario establecer mecanismos de control más eficientes, principalmente, cuando se trata de regularizar invasiones de tierras pertenecientes al Estado paraguayo.
Se instó a que los inmuebles de dominio del Estado deben ser administrados y dedicados a la satisfacción de altos intereses de la ciudadanía.
