Economía

PGN 2023: Congreso infló el gasto salarial en G. 200.000 millones

Para financiar las subas de salarios y otros beneficios la Cámara de Diputados incrementó en casi USD 20 millones la estimación de ingresos; Hacienda tratará de revertir el panorama en Senado.

En contramano a unas finanzas públicas bastante apretadas y a un Presupuesto Público con una rigidez de más del 90%, el Congreso ya infló en unos G. 200.000 millones (USD 28,2 millones) el gasto en salarios que deberá soportar el Tesoro el año próximo.

De acuerdo con los datos oficiales, tras el dictamen de la Comisión Bicameral y la media sanción de Diputados al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, el monto que se desembolsará en sueldos y beneficios ligados alcanza ya los G. 29,64 billones (USD 4.176,2 millones), frente a los G. 29,44 billones (USD 4.148 millones) contemplados inicialmente por el Ministerio de Hacienda.

Este crecimiento en los servicios personales financiará reajustes salariales, creaciones de cargo y desembolsos adicionales en gratificaciones y bonificaciones.

En ese sentido, en la sesión realizada hace un par de semanas, la Cámara Baja dio luz verde a nivelaciones y equiparaciones para funcionarios del Congreso, Registro Civil, Ministerio de la Defensa Pública y la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Las nivelaciones y equiparaciones son aumentos de sueldo en base a categorías y cargos.

Además, aprobó incrementos para guardaparques y funcionarios administrativos y docentes de las universidades públicas, así como escalafonamientos para trabajadores sociales del Hospital de Clínicas. También había dado su visto bueno a un aumento para enfermeros, pero esto finalmente no fue incluido en el proyecto de ley por falta de fondos, lo que motivó el enojo de legisladores.

En lo que respecta a los cargos, Diputados dio media sanción a la creación de 1.348 puestos, en beneficio de cuestionadas entidades como el Congreso, Fiscalía, TSJE, Corte y UNA.

A esto se suman los incrementos en las bonificaciones por insalubridad para el personal de blanco del Hospital Nacional de Itauguá, Hospital del Trauma y Hospital Neuropsiquiátrico; y un aumento en los gastos de representación para 425 directores de instituciones educativas oficiales.

LOBBY. Los legisladores que conforman la Cámara Baja, para financiar principalmente salarios, decidieron aumentar la estimación de ingresos tributarios en G. 139.309 millones (USD 19,6 millones), lo que no hace otra cosa que generar más presión a los contribuyentes en medio de un proceso aún de incertidumbre interna y de gradual recuperación para varios sectores.

En general, tras la media sanción de Diputados, el PGN 2023 quedó en G. 105,3 billones (USD 14.839 millones), lo que implica un incremento de G. 146.863 millones (USD 20,7 millones) en relación al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, más la adenda (ver las infografías).

Preocupado por esta situación, el Ministerio de Hacienda se encuentra haciendo lobby en el Senado en busca de revertir los cambios aprobados en primera instancia.

El jefe del Equipo Económico, Óscar Llamosas, indicó que piden a los senadores recortar el aumento de los gastos financiados con impuestos; de lo contrario, ese incremento en la estimación de ingresos tributarios significaría, en realidad, un desfinanciamiento del PGN.

También solicitaron rechazar los reajustes salariales y creaciones de cargo, ya que están restando cada más el margen de maniobra del Tesoro, lo que afecta directamente a los gastos sociales y a la inversión pública.

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los numeros del presupuesto 2023 tras la media sancion diputados.png

Esperan dictamen para la convocatoria

El Senado tiene tiempo hasta fin de mes para analizar el Presupuesto 2023, de acuerdo con el circuito legislativo vigente.

La Comisión Directiva espera la emisión de los dictámenes de las comisiones asesoras para realizar la convocatoria, en especial, el de Hacienda y Presupuesto.

Si la Cámara Alta acepta la versión Diputados, el plan de gastos públicos quedará sancionado. Sin embargo, si introduce cambios, como ocurre habitualmente, el documento vuelve por 10 días a la Cámara Baja para el inicio de la segunda vuelta del estudio del proyecto.

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