Por Andrés Colmán Gutiérrez - En Twitter: @andrescolman
Por Andrés Colmán Gutiérrez - En Twitter: @andrescolman
El violento asesinato del fotógrafo Carlos Artaza, ocurrido el 24 de abril en Pedro Juan Caballero, en vísperas de celebrarse el Día del Periodista Paraguayo, y de cumplirse 22 años de impunidad del asesinato del periodista Santiago Leguizamón, instaló un clima de preocupación y alarma entre los trabajadores de prensa, que nos impide disfrutar de las muchas felicitaciones recibidas por nuestro día.
En las redes sociales se generó una discusión acerca de sí Artaza fue o no periodista. Es una distinción que no parece relevante. Artaza era un comunicador institucional, un reportero gráfico contratado por la Gobernación del Amambay, que además desarrollaba tareas de propaganda y operación política a favor del actual gobernador electo, el diputado liberal Pedro González.
Lo que corresponde aclarar, a través de la investigación, es si su asesinato fue o no un crimen contra la libertad de expresión, tal como lo definen organismos jurídicos y periodísticos internacionales, o si se debió a otros motivos.
El asesinato de cualquier ser humano es siempre repudiable, pero cuando busca acallar labores de denuncia o investigación periodísticas, contiene circunstancias agravantes, pues atenta contra principios básicos de una democracia.
Más allá del móvil de lo ocurrido, Artaza fue asesinado en medio de una sorda guerra política, que involucra contactos con elementos del crimen organizado en la frontera, y que genera una situación de amenazas de muerte y persecuciones contra los periodistas de la región.
Cándido Figueredo, corresponsal del diario ABC Color en Pedro Juan Caballero, y Aníbal Gómez Caballero, periodista de Radio América FM y del canal de cable Gosi Telenorte, son dos de los colegas pedrojuaninos que recientemente han recibido amenazas de muerte por mensajes de texto a su teléfono celular. Y hace poco más de dos meses, el director propietario de la radio Sin Fronteras FM, Marcelino Vázquez, también fue asesinado en las puertas de la emisora, crimen que continúa sin ser aclarado.
Existe una declarada guerra entre grupos del crimen organizado, que envuelve a relevantes figuras políticas como el gobernador electo de Amambay, diputado Pedro González, y el senador Robert Acevedo, también exgobernador. González es el mismo que apareció hace varios años en una foto con el narcotraficante Jarvis Ximenes Pavão. Acevedo es el dueño de la radio que, días antes de las elecciones, reivindicó la figura del empresario fronterizo Fahd Jamil, procesado en Brasil por narcotráfico y lavado de dinero, y acusado de estar vinculado al asesinato del periodista Santiago Leguizamón, para enviarle un mensaje de apoyo al candidato colorado Horacio Cartes, hoy presidente electo.
Que hagan entre sí todas las guerras que quieran, pero que dejen de amenazar y de matar a periodistas.