El martes de la semana pasada, la diputada liberal Celeste Amarilla presentó oficialmente los respectivos pedidos de pérdida de investidura de sus colegas el colorado oficialista, Ulises Quintana y del cartista, Tomás Rivas y reiteró el de su correligionario Carlos Portillo.
Sin embargo, los proyectos ni siquiera son tenidos en cuenta en las comisiones asesoras y mucho menos por la mesa directiva.
En ese sentido, en la reunión ordinaria de ayer, donde se elaboró el orden del día, tanto la mesa directiva como los líderes de bancada obviaron incluir los pedidos, por lo que el tratamiento por el pleno seguirá en espera.
Recordemos que la solicitud para la destitución de Portillo se hizo el año pasado, ya que el parlamentario está imputado por el Ministerio Público por los delitos de tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal. Su proceso inició luego de que salieran a la luz una serie de audios que evidencian la supuesta intromisión política del liberal en los casos judiciales tramitados en tribunales de Alto Paraná.
En cuanto a Tomás Rivas, el mismo está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, en el caso que involucra a tres de sus caseros que percibían salarios como funcionarios de la Cámara de Diputados.
El legislador utiliza todo tipo de chicanas para frenar el proceso en su contra.
EN PRISIÓN. En cuanto a Quintana, está imputado por los supuestos hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Estuvo 10 meses privado de su libertad, y retornó a su banca hace dos semanas.
La mayoría de los diputados argumentan que sin un reglamento del artículo 201 de la Constitución Nacional, de la pérdida de investidura, no se puede tratar por el pleno.
Con esa excusa, el pedido en contra de Portillo está pendiente de su estudio desde setiembre del año pasado.
El reglamento sancionado por el Congreso Nacional, más conocido como autoblindaje está en espera de su definición en la Cámara de Senadores. Esto atendiendo a que el Poder Ejecutivo vetó la iniciativa por considerarla inconstitucional, pero la Cámara de Diputados rechazó el decreto presidencial, dejando en manos de los senadores la decisión final de remitir al archivo o en vigencia la normativa.