La divulgación de las listas de funcionarios públicos, que revelaron el grosero nepotismo y la política clientelar del Estado, tuvo pequeñas consecuencias que valen la pena rescatar para señalar que no todo está perdido.
Estas reacciones, tibias por cierto, son los pequeños espacios ganados por la ciudadanía ante tanta podredumbre de la clase dirigencial, que se vio obligada a castigar a sus pares, especialmente a aquellos que han cruzado groseramente los límites de lo tolerable.
los casos más escandalosos. Sin duda, el caso del senador colorado Víctor Bogado ha sido uno de los más escandalosos. Primero, recibió la reprimenda pública de sus colegas senadores. Luego, vino la intervención de la Fiscalía. Acto seguido, el juez Julián López pidió su desafuero. La causa: “Gabriela Quintana (apodada la niñera de oro) sobre cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice y por estafa en calidad de autor”. A su vez, Bogado está sindicado por tráfico de influencia para que Quintana percibiese dos salarios, uno en Diputados y otro en Itaipú.
Todo indica que el senador perderá sus fueros. La ANR decidió no darle apoyo directo, pero tampoco resolvió cortarle directamente la cabeza. Liberó los votos, con lo que cada senador votará “a conciencia”. Los oviedistas ya adelantaron su voto contra el desafuero; los liberales tienen cola de paja; el Frente Guasu ya decidió bajarle el pulgar. El clima aparece tormentoso en el horizonte de Bogado, que ya prepara defensa jurídica.
El otro caso es el de la diputada colorada Perla de Vázquez. Gracias a su influencia, su hija médica cobraba 5 salarios: G. 4.983.701 en el IPS; G. 4.538.935 en el Poder Judicial; G. 6.098.400 en la Cámara de Diputados, G. 4.600.000 en el Hospital Distrital de Lambaré. Como si fuera poco, se le agrega G. 12.875.100 en Itaipú. Tanta fue la indignación que tanto Itaipú como Salud y la Corte Suprema le cortaron el grifo de oro. Los fiscales Liliana Alcaraz y José Dos Santos están tras sus pasos.
Paralelamente, la Municipalidad de Asunción denunció ante la Función Pública que 100 personas que trabajan para la Comuna figuran en varias dependencias estatales.
El Ministerio de Justicia aprovechó la “ola de transparencia” y denunció planillerismo de algunas funcionarias.
En este contexto, apareció una propuesta de ley contra el nepotismo. El proyecto establece que para los cargos de confianza no debe haber concurso, pero se prohíbe que estén parientes del funcionario. También determina como delito el nepotismo, y se pena con dos años de prisión o multa para el funcionario hallado culpable. Es muy improbable que corra, ya que esto cortaría de cuajo el privilegio de los políticos de meter por la ventana a sus familiares a la función pública. También se trabaja en un proyecto para eliminar los fondos reservados del Congreso, del Poder Judicial y dependencias del Ejecutivo.
Otro efecto colateral, que si bien no tiene relación directa con las listas, sin embargo, ataca una de las sangrías del Estado. La Corte Suprema sentenció que los abogados o asesores jurídicos sean funcionarios públicos nombrados o contratados, que tengan una remuneración proveniente del presupuesto, no tienen acción para reclamar judicial o extrajudicialmente honorarios al Estado. Este era un negocio muy lucrativo entre abogados y jueces.
Es la segunda jugada fuerte de la Corte en este escenario en el que el Congreso es el más malo de la película.
¿guerra de poderes? La decisión de la Fiscalía de investigar a los políticos causa escozor en el Congreso. Los parlamentarios acusados de nepotismo ponen en tela de juicio la “moralidad” de la Justicia para exigir el desafuero de Bogado.
El presidente de la República juega callado, pero le beneficia esta crisis del Poder Legislativo, cuya credibilidad ha caído en el nivel más bajo.
Sin embargo y a pesar de las pruebas de nepotismo y estafa al Estado, los partidos políticos siguen sin reaccionar, esperando que este tsunami pase sin derrumbar sus privilegios. Ningún político, per se, decidió descontratar a su familiar. En todos los casos fueron decisiones coercitivas.
poderes recortados. En este contexto de debilidad extrema del Congreso fue aprobada la ley de alianza público-privada, que concesiona empresas estatales sin el control parlamentario. Es la tercera ley que impone Cartes desde que asumió en agosto: primero fue la ley de responsabilidad fiscal, luego los poderes especiales para luchar contra el EPP y ahora la APP. Todos coartan los poderes legislativos.
A pesar de las pruebas, el Congreso sigue con sus obtusas orejeras. Si siguen así, agonizarán como poder como resultado del hastío ciudadano y un Ejecutivo que preferiría gobernar sin contrapesos.
