El proyecto de ley contra toda forma de discriminación que hoy analizan los senadores contiene elementos preocupantes que no deberían ser aceptados sin un análisis profundo y detallado. En la propuesta se respira aires de censura reflejados en artículos que fácilmente pueden ser utilizados para violentar derechos básicos como la libertad de expresión, de opinión o de culto, así como el derecho de los padres de elegir el tipo de educación que brindarán a sus hijos, entre otros aspectos incluso denunciados por organizaciones sociales y religiosas.
La normativa plantea inte- rrogantes que deben considerarse con seriedad, más aún teniendo en cuenta los ante- cedentes de países en donde está vigente, y en los que se cometieron injusticias con su aplicación, encarcelando a padres de familia, jueces, pastores, por el hecho de criticar públicamente o manifestarse en contra de la práctica homosexual o del llamado matrimonio igualitario.
Entonces, es lógico que la ciudadanía tenga reparos ante una ley que establece multas de hasta 50 jornales mínimos, y penas carcelarias de hasta dos años basadas en un concepto tan amplio, arbitrario y subje- tivo como el de la discrimi- nación, al que incluso en el Artículo 6 del proyecto se lo iguala con la distinción, es decir, cualquier distinción por orientación sexual e identidad de género puede ser conside- rada discriminación. Es absurdo, distinguir no es discriminar. Hay diferencias que la misma naturaleza marca en estos temas.
Además, hay que reconocer que la práctica sexual no es una condición innata y biológica como la raza o el sexo, es de orden voluntario, por lo cual no se puede ponerla en la misma categoría como se coloca en esta propuesta.
A nivel educativo el impacto es amplio, pues indica que está penado establecer contenidos o materiales pedagógicos en los que se enseñen actitudes discriminatorias. Y uno se pregunta: ¿afirmar que la familia constituida por papá y mamá es el mejor modelo para el desarrollo de los niños, será tomado o denunciado como discriminación?
Este proyecto no solo pone en riesgo la libertad de pensamiento y de expresión, sino también de educación, ya que por ley se fijarán los conte- nidos pedagógicos al respecto. O en una selección de perso- nal, ¿tendrá uno la obligación o prioridad de contratar a una persona del colectivo gay lésbico para no ser llevado ante la justicia?
A esta altura, es un grave retroceso pretender criminalizar la opinión emitida públi- camente –con respeto– o una acción que se considere válida, según los propios valores. Está claro que se necesita trabajar y luchar contra toda forma de discriminación, pero no será la mejor manera con una ley que abra las puertas a la censura y castigue toda objeción de conciencia.
