Con el tiempo descubrí que ese hurto era una minucia a manos de ladrones de poca monta en comparación con el protagonizado por los verdaderos “pillos y peajeros” del poder.
El latrocinio estatal de escala cósmica se constató al fin esta semana gracias a que la Contraloría abrió el grifo. Brotó una catarata documental, con lujo de detalles, que registraba la orgía de codicia de humildes obreros devenidos a políticos acaudalados, elegidos desgraciadamente por nosotros.
Se evidenció que presidentes, legisladores, gobernadores, intendentes y otros funcionarios estatales poseen departamentos en playas, cuentas en Suiza, vehículos de último modelo o fastuosas mansiones. La documentación dejaba entrever reyes del ganado o magnates de bienes raíces, con fortunas que hasta se quintuplicaban, similar a un coloso, pestilente y fétido, que abofetea descaradamente a los que ganamos el pan honesta y dignamente.
Es acongojante constatar, en largas cadenas de ceros, que nosotros delegamos el “imperio de ley” a codiciosos, viciosos, especuladores, prepotentes, corrompidos, malvados, egoístas, perversos, depravados, traficantes, interesados, podridos, mañosos, insatisfechos, insaciables y un interminable etcétera de calificativos peyorativos hasta donde alcance el dominio del diccionario.
Pero todo tiene su precio. Se estima que una persona sumida en la pobreza destina unos 660.000 guaraníes mensuales (en base al salario mínimo actual, un 33%, y según el porcentaje de un estudio mexicano) para mantener la corrupción estatal.
Otro ejemplo del perjuicio de la corrupción es que el Estado paraguayo perdió en dos años (2016-2018) cerca de 83 millones de dólares en el sector de educación, lo que pudo invertirse en 4.018 aulas de tipo estándar, según el investigador Sebastián Vargas Ferreira (revista Brazilian Journal of Development). Otra consecuencia directa de la corrupción es que uno de cada cuatro paraguayos (23,5%, unos 1.657.131) está sumido en la pobreza, debido a que sus ingresos son inferiores al costo de una canasta básica de consumo, de unos G. 700.000 mensuales (Dgeec, 2019).
Dicen (ya no sé dónde) que la Justicia debe ser igual y proporcional para todos. Siguiendo esta lógica, lo único constatable es que el ingreso de los pobres disminuye para engrosar la riqueza de los políticos. Matemáticamente la “proporción es inversa”, similar a una balanza torcida. El político recibe una paga para idear planes para sacar a miles de la pobreza, pero son ellos los primeros en abandonar su propia pobreza para olvidarse de la indigencia ajena.
Guardando las distancias, hasta el famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar (dentro de su maldad y cuestionada narcofilantropía) fue más eficiente al edificar escuelas, asfaltar calzadas, realizar canchas de fútbol y hasta crear una prisión de lujo a su gusto, algo que hasta el político paraguayo más inútil con autoridad para ello no es capaz.
Lo triste de Paraguay es que nosotros elegimos quiénes serán millonarios, y ellos, no contentos con eso, nos empujan a perpetuas polladas solidarias para rellenar el boquete dejado por ellos, producto de su pillaje.
Sin una acción veloz de la autoridad competente en materia penal, este parsimonioso y anémico avance en materia de transparencia en la información pública quedará de nuevo en la impunidad.
Sin el castigo a los corruptos, el peso documental liberado la semana pasada dormirá en los cajones, evidenciando la complicidad de funcionarios que deben investigar estos casos.
Esperamos que esta lucha ciudadana y de la prensa alcance algún día esa “tierra sin mal” de los guaraníes, para confirmar la promesa cristiana de que “somos felices los que tenemos hambre y sed justicia, porque sabemos que seremos saciados” (cf. Mt 5:6).
