“Se requiere que sean invalidados los votos respectivos a las urnas electrónicas en que fueron comprobadas disconformidades irreparables de funcionamiento y que se determinen las consecuencias prácticas y jurídicas debidas con relación al resultado de la segunda vuelta de las elecciones”, dijo el PL en la denuncia firmada por el abogado Marcelo Bessa y dirigida al Tribunal Superior Electoral (TSE).
El partido de Bolsonaro alega un “mal funcionamiento” de cinco modelos de urnas, supuestamente demostrado en un informe técnico realizado por el Instituto Voto Legal, contratado por la propia formación, que “pondría en jaque la transparencia del proceso electoral”.
El presidente del TSE, Alexandre de Moraes, respondió a la solicitud cuestionando que las urnas objetadas fueron empleadas tanto en el balotaje como en la primera vuelta del 2 de octubre.
“Bajo pena de rechazo (de la demanda), el autor debe agregar un pedido para que se abarquen ambas vueltas de las elecciones, en un plazo de 24 horas”, dijo Moraes en su decisión.
La denuncia se refiere a unas 280.000 urnas usadas en las elecciones y que corresponden a modelos anteriores a 2020.
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“Las inconsistencias no permiten comprobar el voto del elector. Eso no quiere decir que hubo fraude, sino que no hay seguridad de que las urnas sean creíbles”, dijo Bessa en rueda de prensa en Brasilia y aseguró que en los modelos antiguos de urnas Lula obtuvo una ventaja próxima de cinco puntos, mayor al resultado oficial de 50,9% contra 49,1%.
Con la anulación de los votos de urnas cuestionadas, el partido de Bolsonaro sostiene que el actual presidente obtendría la reelección “con 51,05% de los votos válidos contra 48,95% de Lula”.
Bolsonaro se ha mantenido prácticamente en silencio desde que perdió la reelección por un estrecho margen de 2,1 millones de votos ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
El dirigente ultraderechista no reconoció explícitamente el resultado, pero autorizó la transición de poder.
Bolsonaro citó “la indignación” y “el sentimiento de injusticia” de sus seguidores, que en algunos casos continúan manifestándose frente a cuarteles militares pidiendo una intervención militar contra el resultado de las urnas.
El jefe del PL, Valdemar Costa Neto, aseguró en tanto que el informe “no expresa la opinión” del partido, amparándose en el trabajo de “técnicos especialistas en seguridad de datos”.
