EFE
El acuerdo de proyecto presentado ante la plenaria rechaza “el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas como mecanismos de control de la protesta públicas” y exige “el cese inmediato” de estos mecanismos de contención por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
El texto, que quedó pendiente por aprobar debido a un receso en la sesión por disturbios en la sede del Legislativo, fue presentado por la parlamentaria Delsa Solórzano y exhorta al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, a que cese el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas para controlar las manifestaciones.
“Hemos visto en los últimos días muertes terribles (...) de niños que han perdido la vida de manos de un régimen dictatorial que ha decidido empuñar sus armas de fuego contra estos jóvenes”, afirmó Solórzano ante la plenaria.
La diputada citó los casos de Fabián Urbina y de David Vallenilla, dos jóvenes que fallecieron la semana pasada durante protestas en Caracas; el primero por un impacto de bala producido por un agente de la Guardia Nacional y el segundo por un disparo a quemarropa de perdigones por parte de otro guardia.
“‘Lo que no se pudo con los votos se va a poder con armas’, eso lo acaba de decir Nicolás Maduro Moros, el dictador de Venezuela, eso que él acaba de decir (...) es lo que viene ejecutando la Fuerza Armada Nacional en las calles de nuestro país, porque él lo acaba de decir pero no es nuevo”, agregó.
El exhorto al ministro de la Defensa se extiende al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), Sergio Rivero, y “a los funcionarios” del ministro de Interior, Néstor Reverol.
En la plenaria se aprobó hoy por unanimidad el “Acuerdo sobre defensa de la soberanía popular y la protección” de la Constitución, “enmarcada en la aplicación de los artículos 333 y 350", recientemente “activados” por la oposición venezolana.
El artículo 350 reza que el pueblo de Venezuela “desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
En este acuerdo, el Parlamento apoya el llamamiento a activar estos artículos para, según la oposición, “preservar” la Constitución.
El diputado opositor Henry Ramos Allup explicó que, aunque los artículos 334, 335 y 336 atribuyen a los tribunales de instancia y al Tribunal Supremo (TSJ) la aplicación de normas de control para preservar la Carta Magna, el 350 le atribuye a cualquier ciudadano “realizar cualquier actividad legítima” para preservar la vigencia de la Constitución.
“Ese 350, incluso, puede contrariar al supuesto poder constituyente originario (...) que no puede traspasar ciertos límites que lesionen la soberanía”, expresó Ramos Allup en referencia a la convocatoria de Maduro a una Constituyente para redactar un nuevo ordenamiento jurídico.
