El estado actual del déficit fiscal es el resultado de un comportamiento irresponsable del Parlamento, en el que primaron intereses particulares por encima de los intereses nacionales. El aumento de los gastos sin un similar incremento de los ingresos que los financien ha llevado a poner en peligro el equilibrio fiscal, mostrando las dificultades actuales que tiene el país para financiar con recursos genuinos las políticas públicas.
El endeudamiento no es una solución viable teniendo en cuenta que las necesidades de financiamiento van mucho más allá de las posibilidades que permite la deuda.
La situación empeora si consideramos que una parte importante del déficit se debe al incremento de los salarios sin considerar una reforma del servicio civil que vincule las mejores remuneraciones con resultados más eficientes para el conjunto de los ciudadanos. En comparación con otros países de América Latina, actualmente el Paraguay se encuentra entre los que mejor remuneran a los funcionarios públicos, pero que peores resultados obtiene a cambio.
Esto es así porque el aumento salarial se produjo de manera discrecional, sin considerar cambios que garantizaran un camino hacia la meritocracia. Al contrario, el escándalo suscitado en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) demuestra que esos incrementos están sirviendo para financiar a operadores políticos, parientes y amigos.
El Parlamento, además de no aumentar gastos sin incrementar los ingresos genuinos, es decir, los impuestos, no debe ni puede hacer política pública desde el presupuesto. Las políticas se diseñan y posteriormente se les asignan los recursos correspondientes, y no al contrario.
Una de las razones por las cuales el gasto público es ineficiente tiene que ver con el rol del Parlamento en la asignación presupuestaria sin considerar que cada programa presupuestario debe contar con información suficiente para conocer a cabalidad cuáles son los rubros que deben incluirse y con qué montos.
Los parlamentarios no cuentan con esa información ni con asesores capaces de proveer análisis rigurosos en tal sentido. Porque, además, para eso están el Poder Ejecutivo, los ministerios y secretarías con competencias para planificar, diseñar y evaluar las políticas públicas, con base en evidencia empírica seria. Además, para implementarlos con posterioridad una vez obtenidos los recursos correspondientes.
El presupuesto es una de las herramientas más importantes con las que cuenta el Estado para cambiar la vida de sus ciudadanos. Actuar con ligereza e irresponsabilidad significa menospreciar este rol y, sobre todo, violar principios básicos de una democracia representativa. Los parlamentarios son representantes del pueblo y, por lo tanto, deben garantizar que el presupuesto de gastos refleje el interés nacional y no los intereses particulares de grupos minoritarios y privilegiados.