Morales presentó al Parlamento boliviano el 11 de noviembre de 2019 una carta en la que renunciaba al poder denunciando que era forzado a hacerlo por un golpe de Estado para derrocarlo, pues tenía mandato hasta mañana, 22 de enero de 2020.
Además del griterío político, lo aprobado con más de dos meses de demora corre el riesgo de tener consecuencias en los tribunales, si a Morales le da por argumentar que fue presidente hasta ayer y no puede ser juzgado por la Justicia ordinaria como pretende el Gobierno interino de Jeanine Áñez.
Tras la sesión, la joven presidenta del Senado Eva Copa, del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales, compareció ante los medios para manifestar que se “se ha cumplido con el reglamento” al leer las renuncias de Morales y García Linera.
También apuntó que la aceptación de ambas fue para “dar la estabilidad social y (preservar) la institucionalidad de los poderes del país”.
Morales ha insistido en que legalmente seguía siendo presidente hasta este miércoles 22 de enero, máxime si no se había tratado su renuncia, con lo que tendría ciertas garantías como jefe de Estado si era juzgado. EFE