Varios nombres figuran en estas jugadas dobles, como es el caso del clan Zacarías, todos investigados por enriquecimiento ilícito. Primero el senador Javier Zacarías Irún junto con su esposa, la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod.
En el 2007, Javier Zacarías renunció a la intendencia CDE, para dejar el cargo a su esposa, y declaró tener G. 2.457 millones, mientras McLeod fue reelecta como intendenta en 2015 y declaró G. 6.696 millones. La pareja logró ser sobreseída de varias causas.
Le siguen los diputados Justo Zacarías Irún y su esposa Rocío Abed. El primero declaró un patrimonio neto de G. 5.635 millones en el 2014, al cumplir un año como gobernador de Alto Paraná. Una de las denuncias en su contra fue el caso conocido como “gallineros de oro”.
El diputado Tomás Rivas declaró en el 2013 un patrimonio de G. 2.203 millones y afronta un caso por estafa y cobro indebido de honorarios. Su propia esposa, la intendenta de Ybycuí María del Carmen Benítez, es suplente de su banca, también denunciada por irregularidades.
El diputado Esteban Samaniego es investigado por faltantes en su gestión como intendente de Quyquyhó, cargo que dejó cubierto por su propia esposa Patricia Corvalán.
El senador Silvio Ovelar declaró en 2013 un patrimonio de G. 2.700 millones. Mediante su influencia, logró que su esposa, Magnolia Mendoza, ocupe el cargo de directora jurídica de Itaipú.
Entre otras parejas que llegan al poder por influencias se encuentran el parlasuriano Jorge Baruja y su esposa, la intendenta de Paraguarí, Lorena Burgos, al igual que el senador Antonio Apuril, quien dejó el cargo de concejal de Asunción a su suplente, su misma esposa Elena Alfonsi.
