Uno de los datos más relevantes señala que Paraguay es uno de los países más caros del mundo para enfermarse.
De los 10 dólares que representa el gasto anual en salud, 4 vienen directamente del bolsillo de los pacientes y usuarios del sistema sanitario público.
Esta situación ocurre a causa de la escasez de medicamentos en los hospitales, de insumos o de la falta de atención. Para hacer frente a esta situación, señala el informe, la población recurre al endeudamiento.
En otros casos se suman las contribuciones solidarias cimentadas en las redes familiares y comunitarias.
“Al mismo tiempo y por varios años consecutivos, las autoridades no han ejercido la totalidad del presupuesto destinado para la compra de medicamentos, a pesar de que el 40% de las personas reportan no haber recibido medicación gratuita como está establecido en la ley paraguaya”, detalla el trabajo de la organización.
Paraguay invierte menos de la mitad de lo recomendado por organismos internacionales; mientras paradójicamente sí asegura el 4% del presupuesto público para cubrir seguros médicos privados del funcionariado, aseveran con base en los datos recogidos.
Las recomendaciones de los organismos internacionales de salud son las de destinar el 6% del PIB a salud.
Sin embargo, en Paraguay esta meta aún no ha sido cumplida. Hasta el momento, el monto destinado alcanza al 4% del PIB.
CENTRALIZAN SERVICIOS. El informe puntualiza que la deuda del Estado paraguayo con la salud de la población produce desigualdades que se expresan de distintas formas.
En términos territoriales, la capital y en las zonas urbanas se concentran la mayoría de la infraestructura y los recursos frente al resto del país.
En términos poblacionales, la institución que atiende a más personas, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) recibe menos dinero por persona atendida que otras instituciones públicas, detallan.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó que el sistema público de salud está fallándoles a todas las personas en el país, y es particularmente duro con grupos habitualmente discriminados.
Entre estos están mujeres trans y personas indígenas, quienes se enfrentan con múltiples barreras al intentar acceder a él. “Las autoridades paraguayas deben fortalecerlo y humanizarlo de manera urgente, a través de más y mejor inversión. El bienestar de más de cinco millones de personas depende de ello”.
El informe recuerda la importancia del funcionamiento de los sistemas de atención primaria a la salud (APS) para el acceso a este derecho a la población.
Entre sus conclusiones finales dejan también varias recomendaciones al Estado paraguayo; entre ellas llama a fortalecer las APS y poner en práctica una política fiscal que ayude a financiarlo.
