Con este objetivo monitorea y evalúa las políticas nacionales y realiza acciones para profundizar vínculos entre los países, para mejorar los flujos de información que los países necesitan para cumplir estos objetivos.
Como parte de estas metas, en el mes de noviembre, llegará una misión para revisar nuestros avances. Una de las tareas pendientes era mejorar el marco jurídico para lo cual esta gestión de Gobierno presentó 11 iniciativas legislativas. Alrededor de la mitad de ellas tienen media sanción, mientras que las demás no muestran avances.
Si bien el ritmo del trabajo parlamentario es históricamente lento y tiene problemas de calidad, en el caso de estas normas se interpuso el conflicto político que llegó a un punto extremo con el problema energético.
El tiempo dedicado a la gestión parlamentaria, de por sí bajo, y un ambiente poco propicio para el análisis riguroso y los consensos están impidiendo el tratamiento de estos proyectos de ley, a lo que se agrega el desinterés de muchos parlamentarios.
La evaluación no se reduce solo al ámbito legal. Los países deben mostrar capacidad para generar resultados, y es en la prevención y sanción donde existen mayores problemas. Hay debilidad del Poder Ejecutivo para detectar a tiempo los posibles casos y en el Poder Judicial, hay varios expedientes que no están evolucionando como debieran.
A la próxima llegada de la evaluación se agrega el informe recientemente emitido por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, que ubica a Paraguay entre los 20 países de mayor riesgo de lavado de activos y financiamiento terrorista. Este indicador disponible desde el año 2012 mantiene a Paraguay entre los primeros lugares del mundo y el primer país de América Latina.
Los tres poderes están en deuda. El país tiene entre sus principales objetivos del desarrollo atraer inversiones extranjeras; sin embargo, en un contexto de debilidad institucional solo terminamos atrayendo empresas y empresarios de mala calidad, y que en algunos casos –como ya lo ha demostrado la prensa– llegan con dudosos antecedentes.
La fortaleza de las instituciones es un determinante clave del desarrollo. Esta fortaleza implica una multiplicidad de competencias y funciones, pero en realidad lo que importa es que sea un país seguro en todos los ámbitos: seguridad social y seguridad laboral. Paraguay necesita ubicarse como país serio, seguro y predecible. Hasta ahora lo que estamos mostrando es que es muy fácil y de poco costo realizar negocios y transacciones ilícitas en nuestro territorio.
Las autoridades deben ser conscientes de que estamos emitiendo señales contradictorias. Queremos ofrecer un país seguro para los inversores, pero a la vez somos permisivos y no castigamos ejemplarmente las conductas inapropiadas. Los tres poderes deben ponerse en contacto y transformar esta situación en una oportunidad.
