Para encarar los desafíos que tenemos, es muy importante comprender que no existen mesías ni milagros que mágicamente puedan generar bienestar para la gente. El progreso individual es el resultado de la práctica de un conjunto de valores y principios, como la disciplina y el esfuerzo de estudiar, trabajar, ahorrar e invertir, utilizar la capacidad creativa para innovar y emprender proyectos, la prudencia para evaluar y asumir riesgos, la conducta ética y la responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos, etc. Todo esto no garantiza el éxito, pero incrementa la probabilidad de alcanzarlo.
Por otro lado, el desarrollo colectivo de una sociedad es el resultado de la vigencia de un conjunto de instituciones, usos, costumbres y reglas de juego con incentivos y castigos, pesos y contrapesos que promuevan la práctica individual de los valores y principios mencionados y que conduzcan a un comportamiento socialmente responsable, como la cooperación para el bien común y la solidaridad con los más débiles.
Seguir avanzando en nuestro incipiente proceso de desarrollo implica plantearnos cambios que mejoren el funcionamiento de nuestras instituciones.
Debemos considerar que los avances que hemos tenido en los últimos 15 años fueron facilitados por un contexto internacional muy favorable entre el 2004 y el 2014 con elevados precios de nuestros productos de exportación, amplia disponibilidad de capitales a bajo costo y países vecinos con elevados ritmos de crecimiento económico. En la próxima década, los precios de commodities probablemente permanezcan en los niveles actuales, buenos pero sin la fuerza de años anteriores y los países vecinos seguirán en problemas y con bajo crecimiento económico.
Sin embargo, la disponibilidad de capitales seguirá siendo abundante y a bajo costo y, probablemente a partir del 2023 recibiremos recursos adicionales de Itaipú Binacional gracias a la importante reducción de sus costos de producción de energía.
En general, el contexto internacional será más negativo que en años anteriores y nuestro desarrollo depende exclusivamente de nuestra capacidad de implementar reformas institucionales y de asignar y administrar más eficientemente nuestros recursos disponibles y los adicionales que eventualmente recibamos.
En este sentido, la prioridad fundamental es mejorar la asignación de recursos públicos y en consecuencia la calidad del gasto y de los servicios públicos para recuperar la credibilidad de la ciudadanía y de los contribuyentes en el Estado.
En esto, hay una alta responsabilidad de los líderes políticos, del presidente, de los ministros, de los parlamentarios de ambas Cámaras del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia.
Para mejorar la asignación de recursos es necesario reformar las reglas del juego de los funcionarios públicos para tener una burocracia eficiente y eliminar el clientelismo; actualizar el sistema de contrataciones públicas para minimizar la corrupción, la colusión y reducir los costos de insumos; reformar los servicios de educación y salud para mejorar sustancialmente la calidad al menor costo posible; reformar el sistema previsional para garantizar una jubilación equitativa asegurando el equilibrio actuarial del sistema. Además, debemos acelerar la inversión en infraestructura básica para lo cual es necesario revisar la Ley de Responsabilidad Fiscal, incrementar el tope de déficit anual, flexibilizar en años de recesión y fijar un tope a la deuda pública para asegurar su sostenibilidad.
El desafío es enorme, un cambio de cultura política. Las expectativas son bajas. Esperemos que comprendan las necesidades de la gente y actúen con responsabilidad porque continuar con el proceso de desarrollo depende fundamentalmente de ellos.
