La decisión de abrir una oficina comercial en la República Popular China no depende exclusivamente de la voluntad del Estado paraguayo, sino que requiere necesariamente del consentimiento previo del Estado receptor, explica un documento presentado la semana pasada por la Cancillería Nacional a la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de Diputados.
El escrito fue presentado por Didier Olmedo, viceministro de Relaciones Económicas e Integración de la Cancillería, quien participó el martes pasado de una reunión con los miembros de dicha comisión, en cuyo poder se encuentra para dictamen un proyecto de resolución que “declara de interés nacional la apertura de una oficina comercial de la República del Paraguay en la República Popular de China”. Según los argumentos oficiales, no se hallan argumentos suficientes que sustenten que la apertura de una oficina comercial en China concluya un posible beneficio comercial, derivado de un eventual reconocimiento diplomático a ese país. Asimismo, la ausencia de relaciones diplomáticas con ese país no ha impedido el desarrollo del comercio ni la presencia de empresas y marcas en el nuestro. Además, en la actual política del país asiático, la cuestión de Taiwán es un tema de política interna, por lo que habría un condicionamiento para dicha apertura.