Ávalos Mariño agregó que una vez que cuenten con el documento socializarán con las distintas bancadas, para que cada parlamentario pueda acceder a los cambios y tengan conocimiento de lo que se plantea en el proyecto días antes de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados convocada para el 4 de febrero próximo.
El dirigente liberal reconoció que no será fácil la aprobación del proyecto atendiendo la postura de los colorados y el hecho que dicho sector cuenta con mayoría propia.
Sin embargo, expresó que por lo menos sería bueno que haya cuórum y que se pueda debatir el tema. “Porque hasta el momento solamente escuchamos que el proyecto es inaplicable, pero nadie plantea otras alternativas”, puntualizó.
CAMBIOS. La propuesta inicial de los legisladores establece que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) coadyuvarán con las actividades de fiscalización realizadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral en el ámbito de aplicación de la ley, sin perjuicio de las facultades propias del Ministerio Público.
En otra parte señala que los candidatos presentarán a los movimientos internos partidarios y estos a los Tribunales Electorales Partidarios, un informe detallado de las contribuciones o donaciones recibidas para el financiamiento de las campañas, con indicación de su origen y monto. El análisis de los ingresos presentados será realizado por la Seprelad de manera a dar continuidad a los procesos de financiamiento de la campaña, en formato a ser reglamentado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Este es uno de los puntos que llamó la atención de la Seprelad y el propio ministro Carlos Arregui. Durante la primera reunión explicó a los legisladores que no es una competencia de la institución a su cargo, atendiendo que le corresponde a la Justicia Electoral realizar dicho trabajo, pero que la Seprelad colaborará con el TSJE y la SET para que se pueda, a través de los equipos informáticos, concretar el cruzamiento de datos.
Ante esto, la propuesta concreta de la secretaría estatal es que se incluya dentro del organigrama del Tribunal Superior de Justicia Electoral una dependencia exclusiva para el tema antilavado de activos, financiamiento de terrorismo y se lleve adelante el trabajo de manera coordinada con la Seprelad para que el control sea efectivo y aplicable.
Este y otros puntos serán puestos a consideración de los diputados y la intención es que la normativa entre en vigencia para las elecciones municipales y debe sancionarse antes del 7 de marzo.
