Casi tres horas de debate les llevó ayer a los diputados para decidir si anulaban o no parte del acta de la sesión de la semana pasada.
La intención era revertir la media sanción del proyecto de ley de expropiación de 1.500 hectáreas a favor del Indert de una propiedad en Tacuatí, Departamento de San Pedro, donde está asentada la estancia Alegría.
Sin embargo, primó la legalidad y decidieron que la iniciativa siga el proceso normal y que sea la Cámara de Senadores la que rechace o apruebe la expropiación.
El diputado oficialista Colym Soroka fue quien solicitó la anulación del acta, argumentando que no correspondía la expropiación.
Su correligionario, el cartista Basilio Núñez apoyó su moción y pidió disculpas a los propietarios de la finca, a los niños que asisten a la escuela que funciona en la estancia y a los trabajadores, porque, según dijo, no se analizó de manera correcta el proyecto.
Varios legisladores de la oposición hicieron referencia a que no correspondía la anulación del acta de la sesión anterior, ya que no existía un estamento legal que disponga dicha posibilidad. Esto a pesar de que estaban en contra de la expropiación y ya lo habían expresado la sesión anterior.
“El camino constitucional no es anular el acta. El voto es lo que vale, no el acta. Cuántas veces se remitió al Senado y quedó sancionado un proyecto sin que se haya puesto en consideración el acta de la sesión anterior”, remarcó Sebastián Villarejo, de Patria Querida. Pastor Vera del PLRA, uno de los proyectistas de la expropiación, además de defender su iniciativa, dijo que no correspondía la anulación. Señaló asimismo que las disculpas se le debe pedir a los campesinos que no tienen un pedazo de tierra para subsistir, en referencia a las 150 familias que serían beneficiadas con la expropiación.
En el mismo sentido se expresó la liberal Celeste Amarilla, quien también dijo que se le debe pedir disculpas a todo el país por la irresponsabilidad de los legisladores de la Cámara Baja. “Qué certeza tienen nuestros actos si se cambia el acta, qué seguridad jurídica tenemos”, se preguntó.
Por su lado, el colorado Ramón Romero Roa sostuvo que era incorrecto lo que se pretendía porque ya no tenían competencia. “Ya está a instancias del Senado”, acotó.
La encuentrista Kattya González manifestó que los que solicitaron la anulación del acta no invocaron una sola norma reglamentaria para anularla. “Se deben respetar las normas, porque se puede abrir una ventana peligrosa”, advirtió, teniendo en cuenta que con una mayoría coyuntural se podría dejar sin efecto cualquier decisión asumida en una sesión anterior.
PENSIÓN PARA ROMERITO. Walter Harms también solicitó la anulación del acta en lo que respecta al otorgamiento de la pensión graciable a Julio César Romero, y tampoco tuvo éxito.
Como una manera de probar a sus colegas, el liberal Édgar Acosta solicitó que también se anule el rechazo del proyecto de modificación de la Carta Orgánica de la Policía, que habían resuelto en la sesión anterior, ya que muchos estaban en plan de anular el acta. Dicha propuesta apresuró a que finalmente 38 diputados voten en contra de la anulación y 26 favor.
“Se deben respetar las normas porque se puede abrir una ventana peligrosa. No se mencionó una sola norma que habilite”. Kattya González, diputada PEN.
“El camino constitucional no es anular, revertir el veto. El voto es lo que vale, no el acta (de la sesión anterior)”. Sebastián Villarejo, diputado PPQ.