El desfinanciamiento progresivo y los recortes anuales aplicados al presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), como al resto de las universidades públicas, afianzan el presente de precariedad en su funcionamiento y allana el camino a aumentar cada vez más los aranceles. Esto es lo que sacan en claro los estudiantes de la UNA sobre la política del Gobierno en materia de educación superior, cuyo discurso se hizo evidente en boca del viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, para quien las universidades nacionales deben empezar a pensar en buscar otras fuentes de financiación para dejar de depender de los recursos del Tesoro.
“Buscar lo que para ellos (en Hacienda) es una financiación alternativa de la educación superior, es básicamente sacar el dinero del bolsillo de los estudiantes para poder financiar. Eso es totalmente un plan de privatización y de precarización sustentado en los recortes propios de la cartera de Estado”, expone Esteban Italiano, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas.
En efecto, menciona que el viceministro de Hacienda, Óscar Llamosas, ya les propuso a los rectores de las universidades públicas que busquen la manera de rever la ley de aranceles que les impone un tope a todo lo que se cobra.
“Ahora mismo hay bastantes aranceles en las universidades nacionales y, si es que se siguen recortando el presupuesto, los aranceles van a subir”, observa Mauricio Kiese, estudiante de la Facultad de Filosofía al indicar que el 20% de los recursos de las universidades públicas resultan de recursos propios (Fuente 30).
Coincide en que este proceso de precarización y desinversión conducirá a que las universidades sean cada vez menos públicas. “Al precarizarse (el presupuesto), al aumentar los aranceles, cada vez va ser más excluyente y menos abierto para aquellos que tengan menos recursos porque implica gasto diario del bolsillo del estudiante”, afirma y dice que, forzosamente, los aranceles que ya existen “pueden ir en aumento si se sigue recortando”.
Lamenta, al igual que su par de Medicina, que el Gobierno de turno emita señales de ver como una “carga” financiar al sector educativo en todos sus niveles. “El desfinanciamiento va encaminado a eso, no hay otra salida: van a tener que aumentar los aranceles y lo más fácil sería cobrarnos cuota a los estudiantes de la educación pública, de seguir esta línea del Gobierno”, recalca Kiese.
Incluso, según Italiano, la beca por insolvencia que da el Rectorado sufrirá un recorte, debido a que sería incluido para la nivelación salarial. “Son un conjunto de acciones que reflejan esta precarización de la educación”, remata.
Universidades piden recursos
Rectores de las Universidades públicas solicitaron ayer al presidente de la República, Mario Abdo Benítez la reposición de G. 20 mil millones que fueron recortados en el marco del estudio del Presupuesto 2020.
“Las universidades son instituciones que en la generalidad promedia una exitosa ejecución del 95 por ciento por cada año fiscal, entonces sobre la esa base vinimos a presentarles nuestro argumento al presidente solicitando la restitución del recorte efectuado en la proyección 2020”, explicó el rector de la Universidad Nacional de Concepción, Clarito Rojas Marín.
El recorte presupuestario afecta directamente a las universidades públicas de diferentes ciudades como Concepción, Itapúa, Pilar, Canindeyú, Caaguazú, Villarrica y Ciudad del Este.
