El video corresponde a una reunión ministerial celebrada el 22 de abril pasado, dos días antes de la renuncia del ministro de Justicia Sergio Moro, quien al dimitir acusó a Jair Bolsonaro de “presiones” e “injerencias” ilegales sobre la Policía Federal, organismo autónomo del Estado brasileño.
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A raíz de las sospechas vertidas por Moro, la Fiscalía inició una investigación sobre supuestos abusos de poder por parte de Bolsonaro y, a pedido del ex juez de la operación anticorrupción Lava Jato, el video fue exigido a la Presidencia y divulgado por orden del decano de la Corte Suprema, Celso de Mello, que supervisa la investigación.
En las imágenes, se ve a un Bolsonaro exaltado, que reclama por la falta de información que recibe de los organismos del Estado.
“No puedo ser sorprendido por noticias. Tengo a la PF (Policía Federal) que no me da informaciones. Tengo a la inteligencia de las Fuerzas Armadas y no tengo informaciones. La Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia) tiene sus problemas”, pero “da alguna información”, dice el mandatario.
También considera a todos esos servicios “una vergüenza” y se queja de que su familia “es perseguida”.
En sus acusaciones, Moro insinuó que Bolsonaro quería cambiar a la dirección de la Policía Federal y a sus responsables en Río de Janeiro debido a que estaban investigando a dos de sus hijos, pero en el video no aparece una sola mención directa a ese asunto.
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Sin embargo, una declaración del presidente pudiera abrir espacio para interpretaciones, aunque sin ninguna claridad.
“Ya intenté cambiar gente de la seguridad nuestra en Río de Janeiro oficialmente y no conseguí. Y eso se acabó. No voy a esperar a que jodan a toda mi familia, de cachondeo, o amigos míos, porque no puedo cambiar a alguien de la seguridad”, declaró.
“Va a cambiar. Si no los puedo cambiar, cambio a sus jefes. ¿No puedo cambiar al jefe? Cambio al ministro”, afirmó dirigiéndose a Moro, quien renunció dos días después.
Durante la reunión fueron tratados muchos otros asuntos, pero una de las cosas más notables fue la abundancia de las palabrotas y todo tipo de insultos contra adversarios políticos, como los gobernadores de São Paulo, João Doria, y Río de Janeiro, Wilson Witzel, a quienes Bolsonaro se refirió como “esas mierdas”.
Objeto de insultos fueron también los magistrados del Supremo Tribunal (STF), que han considerado inconstitucionales algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno.
Pero en ese caso partieron del ministro de Educación, Abraham Weintraub. “Por mí, ponía a todos los vagabundos en la cárcel, empezando por el STF”, afirmó.
El teléfono de Bolsonaro, en la mira de la Justicia
En el marco de esa investigación, el magistrado Celso de Mello pidió este viernes a la Fiscalía que analice la posible necesidad de que sean incautados los teléfonos celulares del gobernante y de uno de sus hijos, Carlos, quien es concejal en Río de Janeiro, sobre la base de algunas noticias publicadas en medios locales.
“La pretensión investigadora del Estado impide que los órganos públicos competentes ignoren aquello que se apunta en una ‘notitia criminis’”, señaló el juez en esa nota, con lo que sugirió que está inclinado a la aprehensión de los teléfonos, aunque la decisión será tomada finalmente por la Fiscalía General.
La sugestión del magistrado provocó una dura reacción por parte del Gobierno, que se pronunció mediante una dura nota difundida por el general de la reserva del Ejército, Augusto Heleno, ministro de Seguridad Institucional.
“El pedido de aprehensión del teléfono celular del presidente es inconcebible” y, si así ocurriera, sería “una afronta a la autoridad máxima” y “una interferencia inadmisible”, que hasta “pudiera tener consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional”, afirmó la nota.
Ese comunicado oficial fue rechazado por casi todos los partidos políticos y hubo quienes lo llegaron a considerar casi una “amenaza” a la democracia.
Uno de ellos fue el jefe del grupo del Partido Socialista en la Cámara de Diputados, Alessandro Molon, quien calificó la reacción de Heleno como “una amenaza de golpe y un crimen contra la seguridad de la nación”.
