El Congreso Nacional sancionó el miércoles último el proyecto de ley que establece el pago de una “compensación histórica” a ex trabajadores de contratistas de la Itaipú Binacional. En total, son USD 940 millones que serán repartidos entre más de 15.000 personas. La iniciativa -que pasa a consideración del Poder Ejecutivo para su promulgación o veto- no es bien vista ni en la hidroeléctrica ni en el Ministerio de Hacienda.
En una entrevista concedida a Monumental AM 1080, Marco Elizeche, ministro sustituto de Hacienda, aseguró que el proyecto es visto desde la cartera fiscal como de “cumplimiento imposible” y detalló que el monto estimado para el desembolso a los ex obreros representa dos años de transferencias en concepto de Fonacide y royalties. “No es un monto menor”, dijo.
A su vez, sostuvo que en caso de que se tenga que hacer frente a un compromiso de estas características, existe un elevado riesgo de dejar diferentes programas del Estado sin los fondos necesarios para que sean ejecutados. “Sería catastrófico dejar sin financiación una cantidad de programas que cuentan con estos recursos”, manifestó.
Inconstitucional. Por su parte, Juan Caballero, director ejecutivo de la Itaipú Binacional, manifestó que en caso de que la iniciativa sea promulgada se planteará una acción de inconstitucionalidad en su contra ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que se viola el artículo 137 de la Carta Magna.
“Esta ley está modificando el Tratado de Itaipú”, indicó en conversación con Monumental. El representante de la hidroeléctrica hizo una comparación de los USD 940 millones que se deberán destinar para la compensación a los ex obreros y señaló que la suma equivaldría a 11 años de inversiones socioambientales.
La ejecución de los programas socioambientales de la binacional incluye la construcción de grupos habitacionales, escuelas, colegios, centros de salud, centros recreativos y muchas obras de infraestructura tales como vías de acceso, telecomunicaciones, instalaciones de electricidad, agua corriente, sanitaria, pluviales y otros.
Asimismo, calificó como un “despropósito” el hecho de que la propuesta legislativa establece que son los propios acreedores quienes deciden a los beneficiarios de la compensación y que no se involucra en ese punto al eventual deudor, que es la binacional.
USD 940 millones es el monto que se pretende pagar a los ex obreros de firmas contratistas de la Itaipú Binacional.
Críticas desde el ámbito privado a la propuesta
Exponentes del sector privado se sumaron a las críticas que se realizaron al proyecto de ley. El empresario Beltrán Macchi calificó de “increíble” que el Congreso haya aprobado la ley para indemnizar a los ex obreros de contratistas de Itaipú y sostuvo que, más allá de los reclamos, no se puede desconocer que una cifra como la aprobada, de ser pagada, arrastra a la economía “a una espiral de caos imposible de detener” y abre camino a una “explosión social”.
Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), cuestionó la propuesta en redes sociales y dijo que es incorrecta. “Cuiden el dinero del pueblo”, escribió en un tuit.
