Se trata de Andrea, ingresada en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (Galicia, noroeste de España) con una enfermedad neurodegenerativa y que se mantiene gracias a un soporte vital externo.
Los padres, Antonio Lago y Estela Ordóñez, comparecieron hoy ante la prensa tras una reunión con el equipo médico que atiende a su hija en la que los facultativos les reiteraron que no se ha llegado “al punto de retirada de la vida artificial”.
Los progenitores sostienen que desde septiembre de 2014 la niña ha empeorado gravemente y sufre un deterioro extremo, hasta el punto de que su cuerpo “no aguanta más”, según señaló la madre.
Estela Ordóñez contó que su hija nació con esa enfermedad neurodegenerativa y que ella ha sido para Andrea “las manos, los pies, la boca, la voz”, por lo que, como su cuidadora, sabe que “su cuerpo no va a más”, y que ir “dejándola apagarse” mientras sufre es algo con lo que no está de acuerdo.
La mujer aseguró que la niña todavía los conoce y tiene relación con ellos, algo que temen que se pierda en breve, por lo que quieren “dejarla ir tranquilamente”, ahora que siguen “teniendo conexión”.
El servicio de pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago alude a la legalidad y la “buena práctica clínica” para asegurar que actúa en este caso “según los principios más estrictos de la ética.
En una nota, el centro se compromete a la “limitación del esfuerzo terapéutico” con el objetivo de “evitar en todo momento la obstinación terapéutica, tal y como recoge la ley”.
La Asociación Derecho a Morir Dignamente (AMD) ha implorado en un comunicado que se atienda a este matrimonio, que tiene otra hija de siete años, y solicita que se alivie el sufrimiento de Andrea con una sedación paliativa.
En España la eutanasia y la ayuda al suicidio están castigadas con penas de cárcel de hasta seis años, según establece la legislación en vigor, a pesar de algunas iniciativas para modificarla.
