Finalmente, lo hicieron. Luego de muchas idas y vueltas, de varios proyectos anteriores cuestionados y rechazados, de modificaciones y arreglos, esta vez sin importarles el verdadero calvario que padece la población por falta de vacunas contra el Covid-19, los hospitales saturados y la alta cifra de fallecimientos en medio de la pandemia, los miembros de la Cámara de Senadores contribuyeron vergonzosamente a aprobar el engendro impulsado por sus colegas diputados, modificando a través de un nefasto proyecto de ley la propia Constitución, estableciendo un doble cerrojo para impedir la pérdida de investidura de legisladores por tráfico de influencias y hechos de corrupción.
En la sesión del jueves, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional, de la pérdida de la investidura, estableciendo requisitos inconstitucionales y casi imposibles de cumplir para que un legislador sea expulsado del Congreso.
La iniciativa de este nuevo proyecto de ley había surgido inicialmente en el Senado, presentada por los legisladores Óscar Salomón, Juan Afara y Lilian Samaniego, del Partido Colorado (ANR); Fernando Silva Facetti y José Pakova Ledesma, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y Miguel Fulgencio Rodríguez, del Frente Guasu (FG).
En la actual movida, para aprobar el polémico proyecto de ley, hubo un evidente pacto entre sectores cartistas y abdistas del Partido Colorado, con los liberales y miembros del Frente Guasu, que dicen ser de izquierda, demostrando de este modo que un instrumento a favor de la impunidad no surge solamente del oficialismo, sino que también cuenta con la abierta complicidad de grupos opositores que en sus discursos plantean opciones de cambio, pero que en la práctica son igualmente cómplices de los mismos vicios que simulan cuestionar.
El Senado necesitaba 23 votos para ratificar su versión ante la de los diputados, pero solo hubo 14 votos. Esta vez, la acción fue que varios legisladores se abstuvieron de votar, permitiendo que el proyecto de ley en su peor versión quede sancionado de forma automática. De este modo, con este proyecto ahora serán necesarios 53 votos para expulsar a un legislador de la Cámara de Diputados, en casos de que sean sorprendidos cometiendo tráfico de influencias o hechos de corrupción, mientras en la Cámara de Senadores se necesitarán 30 votos, número muy alto, que costará obtener ante la defensa corporativa de los más corruptos.
La nueva ley contradice abiertamente al artículo 185 de la Carta Magna, que establece que “salvo los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos”. Por ello, numerosos juristas consideran que la nueva ley aprobada es claramente inconstitucional.
Con esta alevosa acción, en plena crisis ocasionada por la pandemia, los legisladores consagran otro lamentable sello a favor de la impunidad en el Parlamento. Solo queda la esperanza de que el Poder Ejecutivo vete este alevoso adefesio jurídico que constituye una verdadera afrenta al proceso democrático y que a la vez es una bofetada a la ciudadanía, que anhela sanear la actividad política.