El grupo cumple 34 años este mes, pero lejos de festejar lamenta el crecimiento del comercio ilegal de semillas. “Esta situación venimos denunciando por lo menos hace 10 años al Senave (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas), el ente regulador oficial. También lo venimos discutiendo en el Inbio (Instituto de Biotecnología Agrícola), con los productores, a ver si podemos llegar a un consenso. Hemos hecho todo el esfuerzo posible; sin embargo, no pudimos encontrar el punto de equilibrio con los gremios de productores”, expresó al respecto el presidente de Aprosemp, Hugo Acosta.
Tanto los semilleristas como los obtentores reclaman el reconocimiento de su trabajo como mejoradores de las variedades en el marco del derecho de propiedad intelectual. En ese sentido, deben recibir el pago de una regalía por cada bolsa de semilla certificada vendida, negocio que se ve afectado por el comercio ilegal.
De acuerdo con Acosta, este problema no solo ocurre con la soja, sino también con el trigo y el maíz. “Se están produciendo en forma casera las semillas de maíz, realizando cruzamiento de los materiales híbridos que contienen la tecnología desarrollada por las grandes marcas, el producto obtenido del cruzamiento lo venden directamente al público por las redes sociales, frente a las autoridades, y no se está haciendo absolutamente nada para ayudar a un sector legal. El Estado paraguayo debe proteger las inversiones privadas y eso no lo está haciendo. Eso lamentamos contar en nuestro 34 aniversario del gremio”, agregó el dirigente de productores de semillas.
La asociación se hizo eco de la publicación de ÚH, acerca del impacto del mercado negro de semillas en la recaudación del Estado. Se trata de un estudio realizado por la Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales.
PRÁCTICAS. De acuerdo con estos gremios y el propio Senave, las simientes con certificación se extienden en apenas 25% de la superficie sembrada. No significa que el resto sea ilegal, ya que los productores pueden cultivar su reserva de semillas y vender la producción como granos. Lo que no pueden hacer es volver a comercializar como semillas, que es donde se produce el hecho ilícito, según la Ley de Semillas.
Mientras los semilleristas estiman que la cantidad de semillas no certificadas tienen un tratamiento ilegal, los productores de soja alegan que en realidad usan en sus campos las reservas y que tal vez solo un 5% venden como semillas.
