Los docentes, en estado de crispación en vías de empeoramiento, amenazan con ir a otra huelga –lo que vendría a ser prácticamente proseguir la huelga anterior, tras un recreo– dejando en banda a miles y miles de escolares, los que, ahora sí, perderían el año lectivo irremisiblemente.
Ya toqué este amargo tema en otras columnas, o mamotretos, si usted prefiere.
Y cada vez se me hace más difícil defender la postura institucional, la oficial, la que figura en la Constitución Nacional, nada menos.
“Los intereses de la mayoría primarán por sobre los intereses sectoriales o personales”. La defensa a ultranza de este artículo de la Carta Magna, aunque cuente con todo el respaldo de la razón, colisiona con los intereses de los docentes, que basan su huelga y su postura rebelde en el reclamo de mejoras salariales porque lo que ganan es insuficiente para sustentar una familia. No ganan lo bastante para vivir, amoite hapópe. Y si el problema comenzó por la insuficiencia salarial, el descuento anunciado por la ministra Lafuente, si bien honesto y frontal, fue inoportuno y solo reavivó las llamas del incendio que apenas acababa de apagarse, guardando aún entre sus restos suficientes rescoldos para revivirlo.
Los gritos de guerra volvieron a sonar. Y esta vez, hasta algunos defensores de la intocabilidad de ningún artículo de la Constitución, pasaron a opinar que los docentes no hacen otra cosa que defender su medio de vida.
Y la negativa a plegarse a las disposiciones de la ministra de Educación, quien se empeña en ejecutar los descuentos por los días en que los docentes identificados no dieron clases, tiene más votos a favor de lo que tuvieron todos los rebeldes en la primera fase de la huelga.
En el tiempo que pasó entre la huelga inicial y la intención ministerial de descontar de sus salarios los días no trabajados a los docentes, saltaron a la luz muchas “desprolijidades” de políticos y no políticos, de antes y de ahora, que implicaban la desaparición frecuente de miles de millones de guaraníes.
Por supuesto, muchos de los robos (porque no son ni fueron otra cosa) hicieron tabla rasa con la Constitución. Y las escandalosas cifras de dinero escamoteado a las arcas del Estado, habrían solventado cómodamente los reclamos salariales de los huelguistas.
Es cuestión de imaginarse un ratito nomás en la posición del docente que no alcanza a satisfacer las necesidades de su familia, leyendo cómo un equipo de pillos sin remedio saquea las arcas estatales mediante diversos recursos, legales, algunas veces, pero jamás legítimos. Y va a plantearse un par de cosas sobre los maestros, maestras, profesores, profesoras, etc. Cuando los de arriba delinquen, los de abajo suelen imitarlos como pueden.