El secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP Auténtica), Gabriel Espínola, habló en radio Chaco Boreal 1330 AM sobre un grave hecho de estafa que afecta a un grupo de docentes.
Los educadores denunciaron que con pagarés que ya fueron cancelados, una rosca de delincuentes se dedican a engañar y pretenden cobrar dos veces la deuda.
Espínola sugirió una auditoría de la Corte Suprema de Justicia para parar con todo el esquema.
“Desde el punto de vista formal, yo diría que la Superintendencia de la Corte Suprema alguna auditoría se tiene que hacer”, prosiguió e indicó que todo esto es el resultado de una combinación tenebrosa.
El docente explicó que, en parte, esta situación se da por la falta de pericia, de información y formación en el manejo documental del docente.
“Por ejemplo, no se retira el documento (pagaré) cuando se finaliza el pago de la cuota y cuando se firma un documento no se hace el llenado completo y el aprovechador de las circunstancias quita ventaja”, puntualizó.
El otro componente, según Espínola, es la condición de ingresos del docente, que los obligó a recurrir a más de una entidad financiera para cubrir sus necesidades. Algunas de ellas ni siquiera son legales, advirtió.
“Por necesidad, los docentes recurren a ciertas entidades comerciales que les otorgan un préstamo o acceden a una compra. Los pagarés en un principio son por montos ínfimos, pero al llenarlos no es así”, aseveró.
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Informó que hay más de 13.000 y 15.000 docentes, incluidos trabajadores de blanco en general, afectados por esta situación.
El secretario de la OTEP, en otro momento, manifestó que todo esto también es producto de “una combinación tenebrosa entre abogados y jueces de Paz”.
“Como son demandas en lo civil, se recepcionan no necesariamente en el lugar o ciudad de residencia de la persona afectada. Por ejemplo, yo vivo en Luque, pero la demanda no se hace allí, sino que en Ypejhú”, sostuvo.
Hechos denunciados
Recientemente, un abogado inició acciones contra un grupo de docentes para cobrar deudas ante el Juzgado de Paz del distrito de La Encarnación, a cargo de la magistrada Carmen Analía Cibils Miñarro.
Una de las demandadas, en el año 2010, pidió un préstamo por G. 6.000.000, el cual fue cancelado.
El crédito fue cancelado en febrero del 2013, pero solo pudo retirar cinco pagarés, por lo cual siete quedaron en poder del acreedor.
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Todos los documentos tenían números correlativos y los pagos se realizaron a través de descuentos del Ministerio de Educación.
Estos pagarés ya se cancelaron hace más de 10 años, pero como no fueron retirados por los deudores, son utilizados ahora con fechas selladas para actualizarlos.
De esta forma, inician demandas civiles de cobro contra los docentes en los juzgados de Paz.
