La inseguridad es un flagelo que nos azota cada día y que afecta a todos los estratos de la sociedad. Las políticas de seguridad no funcionan. Definitivamente la criminalidad ha ganado las calles y los delincuentes ya no eligen una hora determinada para cometer sus fechorías. Los robos callejeros, domiciliarios y a empresas se expanden en todo el país. Es necesario que los organismos de seguridad muestren señales claras y contundentes contra la delincuencia. Están obligados a devolver la tranquilidad a la ciudadanía para que esta pueda desarrollar sus labores cotidianas sin exponerse al riesgo de ser víctima de los asaltantes.
Los asaltos se suceden a diario en cualquier lugar del país. El ciudadano está totalmente desprotegido ante la acción de los delincuentes y la casi nula prevención o reacción de la Policía Nacional. La secuencia de casos muestra claramente cómo la ciudadanía debe sufrir a diario el embate de la delincuencia, porque definitivamente los responsables de la seguridad sencillamente no nos brindan lo que tienen como misión constitucional. La Carta Magna establece, entre otras funciones, que la Policía Nacional debe preservar el orden público, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos e investigarlos.
El Ministerio del Interior como un organismo del Estado encargado de la creación y aplicación de políticas públicas que garanticen la seguridad ciudadana debe articular acciones efectivas con la Policía Nacional contra la rampante criminalidad.
El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se había dado un plazo de 60 días junto a la Policía Nacional para generar resultados contra la inseguridad. En esa oportunidad, en setiembre del año pasado, se realizaron cambios en diversos puestos claves de esta institución; sin embargo, a este tiempo no se ven los resultados esperados. El plazo expiró y los asaltos y robos están a la orden del día en todo el territorio nacional. Los organismos de seguridad están obligados a devolver la tranquilidad a la ciudadanía.
Existe también un histórico reclamo de la Policía Nacional, que los agentes detienen a los delincuentes y que hay fiscales y jueces que rápidamente los liberan. Al otro día al estar en la calle ya vuelven a delinquir.
La Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial, cada uno en sus diferentes roles, deben dar señales claras y contundentes contra los malhechores.
No se puede soslayar, asimismo, que también existen policías que no honran el uniforme y pasaron a ser parte de grupos criminales. Complicado trabajo también les resta a aquellos policías que caminan derecho y a Asuntos Internos para depurar sus filas y de esa manera sancionar ejemplarmente a los que transitan torcido. Esta es una dificultad más para los que quieren enmendar el alto índice de criminalidad.
¿Cómo cambiar esta situación? Y definitivamente el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y el comandante de la Policía Nacional, comisario general Luis Arias, deben dejar de lado el teléfono cortado y las diferencias. Coordinar y dar un contundente golpe de timón a sus gestiones. Establecer una mejorada y realista estrategia de prevención y reacción contra la enseñoreada criminalidad que nos aqueja. De no ser así, la ineficaz forma de “velar” por la ciudadanía seguirá permitiendo que los delincuentes continúen siendo los reyes de la calle y que los ciudadanos estén permanentemente con el Jesús en la boca en cualquier sitio. Aquí también los fiscales y jueces deben coadyuvar conforme a derecho para acompañar los procedimientos. Urge que los órganos responsables de la seguridad muestren suficiencia contra los maleantes.
