Richart González | Guairá
Con sus respectivas cosechadoras y dos camiones, los productores se concentraron este domingo exigiendo el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de innovar que poseen las propiedades cultivadas.
Los manifestantes exigieron una solución al problema para proceder a la cosecha del cultivo de soja en la zona.
Entre los protestantes se encontraba el intendente de San Cristóbal, Idelfonso Santander (PLRA), quien en medio de su discurso insinuó que se cortaría las venas e incluso llegó a herirse en el brazo, momento en que fue interrumpido por los pobladores que se abalanzaron sobre él para evitarlo.
La jornada estuvo marcada con una descripción de la pobreza que enfrenta la colonia, la miseria y el abandono del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La firma Cardenales S.A. se presenta como propietaria de las tierras cultivadas, unas 4.000 hectáreas que, de acuerdo con la empresa, se están utilizando gratuitamente y por este motivo inició acciones judiciales.
Un grupo de campesinos pidió auxilio al Indert de manera inmediata, mientras que los brasileños hablan de una persecución hacia los que solo quieren trabajar y se declararon en pie de guerra.
Antecedentes. En mayo del 2014, la Junta Asesora y de Control del Indert rechazó una donación de la firma Agropeco S.A. de una fracción ubicada en la referida colonia, en donde hay 4.000 hectáreas ocupadas desde hace 30 años, de las cuales 1.934 productores tienen título de propiedad y 1.083 cuentan con recibo de pago por las tierras.
En 1985, Agropeco vendió al Estado 4.000 hectáreas y el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) adquirió el inmueble por G. 140 millones, pagando inicialmente el 30% de esa suma, es decir, G. 49 millones.
El Estado sigue adeudando los G. 91 millones restantes. Todas las hectáreas ya fueron tituladas y, en otros casos, están en proceso de titulación.
En 2013, la firma ofreció al ente donar 1.509 hectáreas de las 4.000, que aún considera suyas en vista de que nunca se realizó la transferencia a nombre del Estado, pues el instituto no terminó de pagar su deuda, según la información divulgada por el Indert.
