Senadores de la oposición pedirán explicaciones sobre la amenaza que recibió la fiscala Patricia Sánchez por el caso de título falso de Hernán Rivas. Asimismo, solicitan protección policial para la investigadora que apelará el sobreseimeinto del legislador ante la Corte Suprema de Justicia. El senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) anunció que propondrá hoy a la Mesa Directiva de la Cámara Alta que pida a la Fiscalía General del Estado toda la información relacionada a las amenazas que habría recibido la fiscala para que no persista en el caso de Hernán Rivas, quien fue sobreseído la semana pasada por el Tribunal de Apelaciones. “La fiscala tiene todo el derecho de continuar con la causa porque ya se ha convertido en una causa de catástrofe moral y jurídica del poder judicial. Le felicito a la fiscala y solicito protección policial para ella”, sostuvo a su vez Ignacio Iramain (Independiente).
Para el legislador, debería haber una gran movilización de los profesionales universitarios y, sobre todo, de los abogados para evitar que este tipo de casos se normalicen.
Comentó que con una ciudadanía con mayor cultura cívica se podría solicitar la expulsión de todos los culpables de la sentencia, refiriéndose a los miembros del Tribunal Delio Vera y Bibiana Benítez, quienes votaron por el sobreseimiento del cartista, mientras que el magistrado José Agustín Fernández votó en contra.
“Lo sucedido no es más que el desarrollo del pacto trasnochado entre el poder judicial y el poder político oficialista que se ejecuta con Impunidad y blindaje a los delincuentes que merecen la complicidad de su protección”, insistió Iramain sobre el blanqueamiento de Rivas.
También el senador Walter Kobylanski opinó sobre el tema. Dijo que la propia fiscala debería hablar públicamente sobre las amenazas, hecho que se conoció por las declaraciones que dio el fiscal general del Estado Emiliano Rolón.
Admitió que no es fácil, pero plantea una mayor seriedad en la denuncia, ya que los hechos solo se conocen mediáticamente.
Sobre las causas de producción de documentos de contenido falso y su uso, que fueron descartados por la justicia, considera que se debe esclarecer y advierte sobre el impacto de esta situación en la seguridad jurídica.
“Resulta que vos vas, podés contratar un abogado o bien un empresario de afuera contrata un abogado y resulta que el título está en veremos. ¿Qué garantías tienen los inversionistas extranjeros?”, lanzó el senador opositor.
Aunque la fiscala del caso no quiso dar detalles sobre las amenazas, adelantó que accionará ante la Corte Suprema de Justicia para revocar la decisión del Tribunal de Apelaciones.
Gremios de abogados incluso repudiaron la resolución y alertaron sobre argumentos jurídicos incongruentes.
