La presidenta hondureña Xiomara Castro canceló la semana pasada el tratado, que permitió encarcelar a poderosos narcotraficantes, y afirmó que lo hizo para evitar que Washington lo usara contra militares que le son leales y facilitara un intento de golpe de Estado. “La denuncia del tratado de extradición por parte del gobierno [...] es para proteger a las personas ligadas al poder” señaladas de tráfico de drogas, dijo el derechista Partido Nacional (PN) en un comunicado.
FAMILIARES CON VÍNCULO NARCO. El sábado renunciaron un cuñado y un sobrino de la mandataria: El secretario del Congreso, el diputado Carlos Zelaya, tras admitir ante la Fiscalía que se reunió con narcos en 2013, y su hijo, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.
“Nos queda claro que los señalamientos de videos con narcos son algunas de las razones de haber eliminado el tratado de extradición porque lo que buscan es blindar a la familia Zelaya-Castro de la persecución penal por parte de la Fiscalía de Estados Unidos”, enfatizó el PN.
Destacó, además, que “la farsa de un intento de golpe (de Estado), que nadie cree, es para justificar el hecho de redoblar sus esfuerzos para doblegar a la oficialidad descontenta” en las Fuerzas Armadas de Honduras.
La institución armada es “fundamental para cualquier ilegalidad que quieran realizar o para implementar el plan de un enorme fraude electoral” en las elecciones de noviembre de 2025, “como una copia al carbón de lo sucedido en Venezuela”. El PN es uno de los partidos tradicionales de Honduras cuyo ex líder, el ex presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue uno de los 50 hondureños extraditados desde 2014 a Estados Unidos, donde fue condenado a 45 años de cárcel por tráfico de drogas y armas.
El Partido Libre ha “entrado en modo de pánico, saben que no tienen el respaldo” del pueblo, por lo que es capaz de “todo, desde realizar un enorme fraude electoral hasta crear una crisis y darse un autogolpe para prolongar el mandato de Xiomara o a la fuerza imponer una Constituyente”, apuntó el Partido Nacional.
Castro canceló el tratado al condenar la “injerencia” de la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien criticó una reunión del ministro Zelaya y el jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas con el titular de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, sancionado por Washington por narcotráfico.
