La denuncia es parte de un pronunciamiento conjunto difundido el domingo por las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana, del ex presidente Carlos Mesa, y Creemos, del gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, junto al Comité Cívico cruceño y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).
El documento manifiesta la posición de estos sectores para el cumplimiento de las recomendaciones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis de 2019 en Bolivia.
Los bolivianos “no contamos con un sistema de Justicia que defienda al pueblo, al contrario, este se ha convertido en un arma política de Intimidación, persecución y apresamiento”, denunciaron los partidos y entidades.
También acusaron al Ejecutivo de no querer cumplir con las recomendaciones del GIEI sobre los “cambios urgentes” que requiere la Justicia para tener fiscales y jueces “independientes, imparciales, idóneos y de alta credibilidad y confianza ciudadana”.
Los opositores acusaron al Gobierno de Arce de querer mantener la “sumisión y dependencia” de operadores de Justicia al Ejecutivo “con objetivos políticos y de represión”. También consideraron que los procesos penales contra detractores del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) son “en los hechos acciones de linchamiento político-judicial” mientras la Justicia “archiva y desestima casos” que involucran a gente del oficialismo. EFE