El documento lleva la firma de parlamentarios del Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), todas formaciones de izquierda.
Carmen Hertz, diputada del Partido Comunista, afirmó que la acusación constitucional contra Piñera responde a “las graves, reiteradas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de las personas ejecutadas por agentes del Estado” desde que el 18 de octubre se agudizaron las protestas en el país.
PROCEDIMIENTO. La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que la medida prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados –la mitad más uno de los votos– y un respaldo de dos tercios en el Senado. Hertz añadió que los abusos de la Policía y las Fuerzas Armadas en las protestas “infringieron claramente la Constitución y las leyes” y pidió acabar con la “impunidad política, moral y social” que, en su opinión, incitó a las manifestaciones, algunas muy violentas con saqueos e incendios.
CONSECUENCIAS. El estallido social dejó al menos 23 muertos –cinco de ellos presuntamente a manos de agentes– y 2.381 heridos hospitalizados, de los cuales 222 tienen graves lesiones oculares, según el último informe del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El diputado socialista Jaime Naranjo admitió que la acusación constitucional quizás no tenga el respaldo debido para prosperar en el Congreso, y resaltó que servirá para que Piñera y los otros presidentes de Chile sepan que el “nunca más” a las violaciones de los derechos humanos “llegó para quedarse.”
Tomás Hirsch, del Partido Humanista, una de las formaciones del Frente Amplio, destacó que en el último mes se registraron en el país violaciones a los derechos humanos, “son inaceptables y que jamás habríamos esperado vivir en democracia.”
Añadió que en manos de cada diputado si protegerá y dará garantías a los derechos, o si encubrirá a quién los viola de modo brutal y sistemático. EFE