EFE
Al poco de producirse el suceso, ocurrido el pasado fin de semana en la localidad de Vaquería, en el departamento de Caaguazú (centro), el agresor y su esposa se identificaron como “padres adoptivos” de la víctima.
Sin embargo, Callescuela aseguró en un comunicado que la chica estaba en la casa en calidad de “criadita”, una “forma moderna de esclavitud que aún se da en nuestro país y de la que miles de niñas y niños son víctimas”.
El régimen de criadazgo consiste en que una familia de bajos recursos entregue a uno de sus hijos a otra familia, que se hace cargo de su manutención y educación a cambio de que trabaje en el servicio doméstico, sin proporcionarle ninguna remuneración económica.
Según los medios locales el agresor es un militar retirado que vivía con su mujer y que está siendo investigado por un presunto delito de homicidio culposo.
Callescuela solicitó al Centro de Adopciones de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) que investigue el proceso de adopción de la menor para verificar si la pareja se apropió de manera ilegal de su identidad.
Explicó que este tipo de apropiación constituye un delito de lesa humanidad que viola los derechos humanos de niños y niñas, y debe ser denunciado ante la Fiscalía.
Estas denuncias, según Callescuela, pueden ser “ejemplares” para quienes explotan laboralmente a niños y niñas, violan su identidad y en muchos casos les someten a violencia, “aprovechándose de la pobreza de las familias y de la ausencia del Estado como garante del cumplimiento de los derechos”.
Según la Fiscalía, el criadazgo tiene consecuencias sumamente negativas para los niños, niñas y adolescentes que realizan tareas domésticas a cambio de un lugar para vivir, ya que en un gran porcentaje son víctimas de diversos tipos de abusos, desde el laboral hasta el sexual.
En nuestro país viven en situación de criadazgo 46.993 menores, en su mayoría niñas, lo que representa el 2,5 % del total de menores del país, según los más recientes datos de Unicef.
