EFE.
La campaña internacional de Oxfam “Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro” pide al presidente Horacio Cartes, que entregue a los familiares y víctimas de la llamada masacre de Curuguaty la tierra que según el propio Gobierno fue ocupada irregularmente por una empresa.
“Autoridades paraguayas siguen sin otorgar una respuesta efectiva a la población campesina afectada por el conocido caso de acaparamiento de tierras, que originó el violento desalojo de junio de 2012 donde fallecieron seis policías intervinientes y once campesinos”, destacó Oxfam en un comunicado.
La matanza ocurrida el 15 de junio de 2012 en una zona conocida como Marina cué provocó una semana más tarde la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, que lideró el primer Gobierno de izquierda de la historia democrática de Paraguay (2008-2012).
La ONG con presencia en 90 países pretende que el Gobierno entregue a las familias de la ciudad de Curuguaty (este) la parcela que los campesinos ocupaban antes de ser desalojados por la Policía aquel día.
Oxfam y varias organizaciones campesinas pidieron hoy que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), uno de los entes públicos encargados de la distribución de terrenos, impulse el proceso de recuperación de las tierras.
La organización aseguró que el jueves pasado solicitó una audiencia con el presidente del Indert, Justo Cárdenas, pero aún espera su respuesta.
Según el Indert, el Estado es el legítimo propietario de las 2.000 hectáreas, que intenta recuperar en los tribunales desde hace una década y que ahora están en manos de la empresa sojera y ganadera Campos Morombí, perteneciente a la familia del fallecido legislador del gobernante Partido Colorado Blas N. Riquelme.
Cárdenas declaró el pasado mayo que la resolución del Indert de que las tierras son públicas no tiene connotaciones legales, pero “abre la posibilidad de una gran mesa de diálogo que promueva una solución integral entre todas las partes de carácter extrajudicial”.
Sin embargo, las organizaciones sociales denunciaron que “nada se ha avanzado” desde que Cárdenas hizo esas declaraciones.
Oxfam destacó que “llama la atención” la demora del Gobierno paraguayo en responder “a este grave caso de acaparamiento de tierra, cuando la comunidad afectada lleva más de diez años de lucha y sus referentes han sido víctimas fatales de la violencia estatal”.
En abril de este año la Corte Suprema de Justicia rechazó la intención de la empresa de paralizar el proceso judicial a través de un recurso de inconstitucionalidad.
En 2005 un tribunal dio la titularidad de las tierras a la empresa Campos Morombí, de los Riquelme, por la vía legal de usucapión, que da la propiedad de un inmueble a quien lo cuida durante un largo período de tiempo.
El Indert presentó una acción de nulidad contra esa resolución, basada en que esas tierras pertenecían al Estado, que las usó como base militar.
Desde hace más de dos años, cinco campesinos están acusados de intento de homicidio e invasión de inmueble ajeno por la muerte de los policías, mientras que no hay imputados por el fallecimiento de los labriegos y aún no se ha celebrado el juicio correspondiente.
Los cinco campesinos acusados de la matanza levantaron el pasado 13 de abril una huelga de hambre de 58 días para reclamar su liberación después de que la Justicia sustituyera la prisión preventiva por arresto domiciliario hasta que se celebre el juicio.
No obstante, Rubén Villalba, considerado el líder, continúa en prisión porque tenía una causa anterior por ocupación de inmueble.
