“Monseñor (Álvarez) tiene que regresar a su diócesis y ser libre dentro de su país”, demandó el Cenidh en un comunicado que publicó en sus redes sociales.
“Exigimos libertad para todos los sacerdotes y laicos que están en (la cárcel) El Chipote”, agregó.
La oenegé defensora de los derechos humanos fue ilegalizada en 2018 por el Parlamento, en el contexto de una crisis política derivada de las protestas antigubernamentales que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dejaron 355 muertos y miles de exiliados.
La Policía irrumpió la madrugada del viernes en la curia de Matagalpa, en el norte del país, donde Álvarez permanecía bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad desde el 4 de agosto, y lo trasladó por la fuerza a Managua.
La condición física de Álvarez, de 55 años, “está desmejorada”, pero su “ánimo y espíritu están fuertes”, dijo la Arquidiócesis de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes.
Las autoridades abrieron una investigación al jerarca eclesial por “organizar a grupos violentos” e incitar al “odio” para “desestabilizar al Estado de Nicaragua”.
Denuncias
Antes de ser sitiado en la curia, donde vive y trabaja, Álvarez denunció el cierre por parte de las autoridades de cinco radios católicas y exigió al gobierno respetar “la libertad” religiosa.
La Conferencia Episcopal de México lamentó este sábado la delicada situación de la Iglesia en Nicaragua, que se “agrava” cada día, y se unió a otras conferencias del continente para demandar “la inmediata liberación” de Álvarez y sus colaboradores.
En tanto, el obispado de Venezuela deploró los acontecimientos, que describió como una expresión “hostil” contra la Iglesia y muestra del “grave deterioro” de los derechos y garantías de los nicaragüenses, e instó igualmente a respetar la vida e integridad del clero y la libertad de culto y religión para todos.
El arresto del obispo es el episodio más reciente de una serie de desencuentros entre el gobierno y la Iglesia Católica a partir de 2018, cuando los templos dieron refugio a manifestantes heridos en las protestas que se produjeron ese año.
El gobierno acusa a los obispos de haberse coludido con la oposición para separar a Ortega del poder en un fallido golpe de Estado promovido por Washington.
Ortega, un ex guerrillero de 76 años, gobernó por primera vez el país entre 1979 y 1990. Perdió las elecciones ese año ante una coalición de derecha y retornó al poder en 2007, donde se mantiene luego de reelegirse en tres períodos consecutivos.
