18 abr. 2024

Ofensiva contra opositores sigue en Nicaragua con nuevas detenciones

Son ya 19 los opositores detenidos, cinco de ellos precandidatos a la presidencia del país, y posibles rivales del presidente Daniel Ortega en las elecciones previstas para 7 de noviembre.

La ofensiva de arrestos del gobierno de Daniel Ortega contra opositores continuó con la detención de la ex primera dama María Fernanda Flores y del periodista Miguel Mendoza, a menos de cinco meses de las elecciones generales. En tanto, aumenta la presión internacional exigiendo la liberación de los apresados y la imposición de sanciones contra el régimen del ex líder guerrillero.

Con estos dos arrestos se eleva a 19 el número de opositores detenidos, entre ellos cinco precandidatos a la presidencia.

LEY. A todos ellos se les aplica una ley aprobada por el Congreso oficialista que permite procesar a quienes, a juicio del gobierno, cometan actos que “menoscaban la independencia, soberanía” e inciten “a la injerencia extranjera”.

Flores, esposa del ex gobernante Arnoldo Alemán (1997-2002) y ex diputada (2017-2020), “permanece bajo custodia policial” en su domicilio, informó la Policía en un comunicado.

Ella perdió su curul en medio de polémicas por la conducción del partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), que integró.

Su esposo fue condenado en 2003 por lavado de dinero y actos de corrupción durante su gobierno, pero en 2009 la justicia lo exoneró de los cargos que se le imputaban. La policía no informó sobre su situación actual.

En tanto, el periodista deportivo Miguel Mendoza, detenido el lunes, es un crítico del gobierno.

El último de los precandidatos detenidos fue el periodista Miguel Mora, la noche del domingo. Le antecedieron Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, tras una redada que inició el 2 de junio. A Cristiana se le procesa también por presunto lavado de dinero desde la fundación que presidió y que llevó el nombre de su madre, la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro.

Por su parte, el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana y director de medios críticos al gobierno, denunció en sus redes sociales el allanamiento policial de su casa la noche del lunes.

Ortega, un ex guerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en las elecciones del 7 de noviembre.

Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.

HRW denuncia secuestro de adversarios políticos
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció el “secuestro” por parte del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de sus adversarios políticos para los comicios de noviembre. “Lo que estamos viviendo hoy día es absolutamente inaudito en América Latina en los últimos 30 años, como es el secuestro de los cinco principales precandidatos presidenciales en Nicaragua”, aseguró el director de la división de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, tras presentar un informe en el que urge a Naciones Unidas a actuar ante la reciente ola de arrestos. En las últimas semanas las autoridades han detenido y procesado a los principales candidatos presidenciales de la oposición: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora. EFE

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.