Estas instituciones encabezaron el registro ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en el 2019, con un total de 1.039 entidades inscriptas. Este monto equivale al 57% del total de entidades que se inscribieron ante la Seprelad, que ascendieron a 1.832 firmas.
Los siguientes en la lista fueron las inmobiliarias y las playas de compraventa de vehículos; mientras que las casas de crédito, el comercio de joyas y las remesadoras tuvieron una participación menor.
Las remesadoras y las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades de transporte o atesoramiento de valores o caudales tuvieron un solo representante, cada una.
Los sectores cuyos integrantes no acudieron el año pasado a realizar sus inscripciones fueron los de servicios de colocación de cajas de seguridad y auditores externos.
Juan Fernández, director de Supervisión y Regulación de Seprelad, destacó que en el 2019 registraron un récord de inscripción de entidades que pertenecen a la categoría de sujetos obligados a detectar y reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Respecto a las casas de crédito, informó que se llegó al registro de 238 empresas en total, que equivalen al 90% de las firmas que operan en este sector, según registros del Banco Central del Paraguay (BCP). Con este resultado, la Seprelad entrega a la Superintendencia de Bancos la supervisión de este segmento del sistema financiero.
Fernández recordó que continúan con las evaluaciones sectoriales, en las cuales analizan las amenazas y las vulnerabilidades presentes en cada segmento, dentro del sistema antilavado de activos. “A partir de esos estudios sectoriales tenemos que desarrollar los mapas de riesgo, dar (a la supervisión) un enfoque basado en riesgos y socializarlos con los sujetos obligados; después, tienen que estar sujetos también a monitoreos y supervisiones extrasitu e insitu, según el caso”, relató.
Semanas atrás, el Poder Ejecutivo dispuso que la evaluación nacional de riesgo país en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se deberá actualizar como mínimo cada tres años y que cada seis años se deberá verificar la metodología.
