“Ese era un problema que teníamos en todo Brasil, se creaba un circulo vicioso. Estimo que tres cuartas partes de las campañas (electorales) en todo Brasil eran de caja ‘B’”, afirmó Odebrecht en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia.
Los testimonios de los 77 exdirectivos de Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, han dejado conmocionado a todo un país que asiste cada día a la revelación de nuevos escándalos de corrupción relacionados con el caso Petrobras que afectan directamente a políticos de renombre.
Marcelo Odebrecht, preso desde 2015 y condenado a 19 años y 4 meses de cárcel por los millonarios desvíos destapados en la petrolera estatal, dijo que los pagos por caja B se hacían también para evitar que otros candidatos pidiesen más dinero.
El empresario puso como ejemplo la donación de dos millones de reales (unos 630.000 de dólares) al entonces candidato a gobernador del estado de Acre, Tiao Viana, del Partido de los Trabajadores (PT), de los cuales solo 500.000 reales (unos 160.000 dólares) fueron declarados a la Justicia electoral.
“A veces nos hubiera gustado donar más oficial, daría menos problemas pero, ¿y la referencia que creas? Imagina, si donamos dos millones de reales para una candidatura a gobernador de Acre, imagina la expectativa que se crearía para el (candidato a) gobernador de Sao Paulo”, explicó.
La divulgación de los testimonios, que estaban bajo secreto de sumario, se produjo un día después de que la Corte Suprema anunciara que autorizara el martes la apertura de 76 investigaciones contra casi cien políticos con fuero privilegiado citados en las delaciones de ejecutivos de Odebrecht.
Entre los investigados, ocho ministros del Ejecutivo del presidente Michel Temer y casi un centenar de parlamentarios de más de diez partidos políticos.
En la lista de sospechosos están 12 de los 27 gobernadores del país, entre los cuales está Tiao Viana, y los cinco expresidentes brasileños vivos: José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).
Según cálculos del propio Tribunal Supremo a partir de lo narrado por los exdirectivos de la constructora y Emilio Odebrecht, patriarca de la familia, solo esa compañía distribuyó sobornos por un valor cercano a 450 millones de reales (unos 140 millones de dólares).
Los relatos muestran, además de la financiación ilegal de campañas, “favores” en dinero para “retribuir” la obtención de obras públicas o la aprobación de leyes que favorecían los negocios de la empresa.
