Por Elías Cabral, corresponsal
La mencionada propiedad fue también destinada a una reserva natural con la denominación “Reserva Ybera”, a cargo de la Secretaría del Ambiente (SEAM).
Unas 90 familias se encuentran asentadas actualmente en el inmueble, situado a pocos metros de la cruz principal que fue erigida en memoria de las 17 personas fallecidas durante un enfrentamiento entre policías y campesinos en el 2012.
Cada familia ha tomado posesión de una porción de tierra, marcando, a través de deslindes, 100 metros de frente y 1.000 metros de fondo donde tienen construidas sus viviendas.
“Nosotros quedaremos aquí en forma definitiva, que hagan la reserva y también el asentamiento; resistiremos aquí porque vemos que el Gobierno no nos ofrece nada y todos sabemos que estas tierras son públicas”, expresó Reinaldo Castro, presidente de la comisión de víctimas.
El hombre también aseguró que no talan árboles. “Aprovechamos maderas secas e instalamos chacras comunitarias con cultivos para consumo”, insistió.
Cabe recordar que el Congreso Nacional aprobó la ley que transfiere a título gratuito a favor de la SEAM el inmueble individualizado como finca Nº 30 Padrón Nº 61 del distrito de Curuguaty, que posteriormente fue promulgada por el jefe de Estado, ley que fue fuertemente cuestionada por varios sectores de la sociedad, al considerar que no correspondía haber aceptado unas tierras que ya pertenecen al Estado.
