Un paso importante en la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia se ha logrado con la decisión de la Cámara de Apelaciones integrada por los camaristas José Agustín Fernández, Delio Vera y Bibiana Benítez, al revocar una resolución de la jueza Magdalena Narváez y ordenar que la Contraloría General de la República dé a conocer públicamente las declaraciones juradas de los últimos 20 años del actual ministro de Hacienda, Benigno López, y del presidente del Banco Nacional de Fomento, Daniel Correa.
La medida responde a un pedido de acceso a la información pública que inicialmente fue rechazado por la Contraloría. Posteriormente se recurrió a un amparo, patrocinado por el abogado Ezequiel Santagada, del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI), pero la jueza Narváez lo rechazó.
El caso fue derivado a la Cámara de Apelaciones, en donde se revirtió positivamente en favor de la ciudadanía, ordenando que la Contraloría dé a conocer las declaraciones juradas de ambos funcionarios, medida que finalmente se cumplió en la víspera.
La llamada “cultura del secretismo”, sin embargo, se sigue manteniendo como un principio antidemocrático, en el ámbito del sistema de Justicia como en instituciones estrechamente ligadas a los intereses políticos sectoriales y estructuras de poder, como la Contraloría.
Tal es así que el organismo constitucional de control gubernamental, que debe fiscalizar y proteger el patrimonio público en beneficio de la sociedad, se niega hasta ahora a entregar las declaraciones juradas de bienes de las máximas autoridades gubernamentales (presidente, vicepresidente, ministros, secretarios con rango de ministros, legisladores, ministros de Corte, gobernadores, intendentes, integrantes de juntas, directores de Itaipú y Yacyretá, entre otros), según un pedido también presentado con base en la ley de acceso a la información pública en 2018.
El anterior contralor, José Enrique García, se había negado a divulgar las declaraciones juradas requeridas, a pesar de que dos sentencias judiciales le ordenaban hacer entrega de las mismas. El argumento de la Contraloría es que existen leyes que se contraponen: Una, a favor de la transparencia y que ordena la entrega de informaciones públicas; y otra que afirma que solo se pueden proveer con autorización de los afectados o por orden de un juez.
Tras la renuncia forzada del anterior contralor por hechos de corrupción, el actual, Camilo Benítez, mantuvo la misma línea de negarse a dar la información de interés público.
El caso había llegado el año anterior hasta la Sala Constitucional de la Corte, ahora integrada por los ministros Eugenio Jiménez, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón, pero en forma llamativa se mantiene sin resolverse, incrementando las suposiciones de que en los círculos de poder se busca evitar que los datos sobre los patrimonios de las autoridades y los funcionarios públicos puedan estar disponibles, ante la posibilidad de que se detecten situaciones injustificables entre ingresos y patrimonios, que puedan dar pie a investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción. Mantener ocultos estos datos equivale por tanto a proteger la corrupción.