“Es un anteproyecto que pretende amordazar, impedir a funcionarios públicos peticionar en épocas de elecciones. Consideramos que es inconstitucional porque nadie puede impedir, por una ley, que peticione algo que requiera o que considere que es conveniente”, indicó.
Mencionó que presentaron una nota al Congreso en la que justamente solicitan el rechazo de la iniciativa.
“Primero, tenemos que desbloquear y que no avance, y luego vamos a ver la posibilidad de realizar un reajuste salarial. La prioridad es que sea rechazado”, dijo.
“Lo que se pretende es confundir (...). Cada vez que hay un reajuste para el sector privado, automáticamente debe aumentar para el sector público en la misma proporción. Como va a haber reajuste en el salario mínimo, por eso se pretende impedir”, consideró Ocholasky.
“Ahora conversamos con el presidente y otros senadores de diferentes partidos. Coinciden en que es inconstitucional, que no se puede amordazar o impedir que se peticione”, remarcó.
En lista de espera. La funcionaria del Poder Judicial indicó que continúa la mesa de trabajo en la que habían solicitado un reajuste del 15%, y que se podía dar en dos etapas. Alegó que desde el 2013 no hubo variación salarial y supuestamente hay un desfasaje del 42%.
Manifestó que implicaría el 0,2% del Presupuesto General de la Nación, y respecto al monto, mencionó que sería de USD 77 millones, sin contar otros beneficios.