Con el asesor jurídico responsabilizaron a los fiscales de medioambiente por lo ocurrido y anunciaron que darán soporte legal a la familia.
Luego de visitar el puente ubicado sobre el arroyo Guazú, donde Francisco fue ultimado de cuatro disparos de arma de fuego el viernes último, en un confuso episodio, el obispo se reunió con los pobladores de la zona para orar y mantener una asamblea social y sentar postura sobre lo ocurrido.
El obispo señaló que la comunidad debe permanecer unida para luchar por sus derechos sociales y que la Justicia cumpla con su rol para devolver la paz a la comunidad. Manifestó que a través de su asesor jurídico respaldarán a la familia con querella adhesiva.
En un momento, tras ceder el uso de palabra al abogado Enrique Villagra, este lamentó que tenga que darse la muerte de un inocente para que el Ministerio Público tome intervención.
“Aquí tenemos dos causas; primero la muerte de Francisco Villalba y el otro el delito ambiental. Nosotros responsabilizamos a los dos fiscales de lo ocurrido, tanto a Marta Leiva de Coronel Oviedo y a Erico Ávalos de Villarrica, por su inacción ante las denuncias y por preferir proteger a los empresarios. Por culpa de ellos ocurrió este crimen”, dijo.
El móvil. La muerte de Villalba, si bien según los investigadores finalmente no guardaría relación directa con la denuncia contra las arroceras del secado del arroyo, sacó a luz el supuesto delito ambiental que vienen cometiendo dos empresas cuyas acciones ya fueron denunciadas en diciembre pasado y en los últimos días, al no tener respuestas, venían realizando cierres intermitentes de rutas.
Fueron tres jóvenes quienes, tras una discusión con pobladores de la zona, habrían matado de cuatro tiros a Villalba Casco, quien ni siquiera tuvo participación en la discusión, según los testigos presenciales.
Fredy Gómez Hermosilla (28), con antecedentes por abigeo, es sindicado de efectuar los disparos. Este estaba en compañía de su hermano Emilio Gómez Hermosilla y un tercero, quienes lograron huir. Hasta la fecha nada se sabe del paradero de los tres.
Ayer, la Policía logró detener a una persona a quien lo presentaron como cómplice, pero posteriormente recuperó su libertad por disposición de la fiscala Gladys Torales al poder demostrar que no estaba en el lugar al momento del homicidio.
MEDIDAS. Cabe destacar que, tras el crimen, rápidamente el sábado la fiscala Marta Leiva logró una orden judicial para intervenir ambas empresas y prohibir el bombeo de agua para mantener más de 1.000 hectáreas de cultivo. Dispuso además de custodia policial para evitar que se incumpla la medida. Los pobladores exigen el esclarecimiento del caso.