Álvarez, cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos se mantienen retenidos en la curia episcopal de Matagalpa desde el 4 de agosto pasado, acusados por la Policía de supuestamente intentar organizar “grupos violentos”.
El grupo se encuentra aislado, han comenzado a racionar el vino y las hostias durante las misas telemáticas y no han dicho para cuántos días tienen alimentos.
La retención del obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, es el más reciente capítulo de una historia de roces entre la Iglesia Católica y Ortega, que datan de hace 43 años.
El vicario pastoral de la Diócesis de Matagalpa, Edgard Sacasa, dedicó la misa a la liberación de Álvarez y el grupo que lo acompaña.
A la misa presidida por Sacasa estaba previsto que llegaran todos los sacerdotes de la Diócesis de Matagalpa para participar en el recibimiento de una réplica de la Virgen de Fátima, pero algunos no lo lograron, afirmó el vicario.
El padre Fernando Calero, de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, denunció que cuando se dirigía hacia Matagalpa la Policía le impidió el desplazamiento.
“He sido detenido por autoridades policiales (...) nos han revisado (...) como si fuésemos delincuentes (...) nos expresaron que cualquier acto religioso que se fuese a realizar, pues mejor que nos devolviésemos”, afirmó Calero.
En 2022, el Gobierno de Ortega ha llevado a prisión a dos sacerdotes, cerrado ocho radioemisoras católicas, sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos, allanado una parroquia, y expulsado a las misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta.
En un país donde el 58,5% de sus 6,5 millones de habitantes se consideran católicos, el líder sandinista ha calificado de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional que buscaba una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018.
La situación sociopolítica en Nicaragua ha empeorado tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión
Ambos se dirigen hacia un control casi total de la vida de los nicaragüenses mediante la represión de toda voz disidente.
La acumulación de poder de la pareja presidencial se viene gestando desde su retorno a la primera magistratura en 2007, tras efectuar cambios a la Constitución en 2011 y 2014, explica la socióloga Elvira Cuadra, exiliada en Costa Rica.
Ortega “ha modificado la naturaleza o modelo de gobierno establecido en la Constitución (...) se puede ver que hay un cambio, por uno autoritario”, observó Cuadra.
En tanto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó la semana pasada a Nicaragua por el hostigamiento” a la Iglesia Católica y la persecución de la prensa y las oenegés.