Una nutricionista, identificada como Norma Barrios de Chamorro, denunció que se falsificó su firma para acceder a 16 adjudicaciones de almuerzos escolares por valor millonario en diferentes municipios del país, en el año 2018.
La afectada pidió que se investigue a la firma Fasv Import Export SA, y sus propietarios María de Fátima Sartorio y Eugenio Méndez, con quienes trabajó en el año 2017 y con quienes firmó un contrato por un año. Sartorio desmintió a la denunciante y afirmó que la denuncia tendría otro trasfondo que se sabrá con el correr de las investigaciones, al dar su versión.
La investigación penal del caso está a cargo del fiscal Adolfo Santander, quien recibió una denuncia por producción de documentos no auténticos por parte de la víctima. Afirmó que pidió informes a las instituciones públicas con relación al caso, como inicio de la pesquisa.
LA DENUNCIA. La nutricionista señala que fue sorprendida cuando en el mes de julio del año pasado, una funcionaria de la Dirección de Alimentos del Paraguay del Ministerio de Educación y Ciencias, identificada como Casandra Becker, se comunicó con ella, pidiéndole explicaciones sobre el motivo por el que aparece en muchas licitaciones de almuerzos escolares. “La mayoría fueron adjudicaciones directas”, explicó la afectada.
Una verificación realizada en el MEC confirmó que se presentaron 16 proyectos, en su totalidad ganados sin obstrucciones, en municipios del interior del país, que ni siquiera sabía dónde estaban ubicados. Fue en julio del año pasado, cuando se percató del hecho, pero recién en octubre pudieron atenderles sus ex patrones, de la firma Fasv Import Export SA, a quienes pidió explicaciones que no obtuvo, según su versión.
“Yo presento mi currículum a Fasv Import Export SA y la señora me dijo que tenía que firmarle un documento para llevar al Ministerio, porque soy su nutricionista. Esa firma se usó para todos. Se nota bien que escanearon y metieron como si fuera mío y uno de ellos es falso”, afirmó Barrios de Chamorro, al relatar su caso.
El señor Méndez, quien es funcionario de la Itaipú, le planteó actuar como intermediario para pedirle dinero a las municipalidades, porque supuestamente ellos eran los que presentaban el proyecto en el ámbito del Fonacide, por haber sido utilizada su firma, propuesta que rechazó según su versión.
“Desde el Ministerio me advirtieron que podría tener problemas con la Contraloría General de la República y que podrían cancelarme mi matrícula, por aparecer en muchos municipios”, refirió. Son adjudicaciones ganadas de entre G. 300 millones a más de G. 1.000 millones a su nombre en municipios alejados como Tacuatí, Carlos Antonio López, Villa Hayes, Corpus Christi, y algunas localidades vecinas, según su versión.
VÍNCULOS. Existe una fuerte versión de que la firma Fasv Import Export SA estaría vinculada con la familia Zacarías, el senador Javier Zacarías Irún y el diputado Justo Zacarías Irún. No obstante, aparecen como propietarios María de Fátima Sartorio y Eugenio Méndez.
En Ciudad del Este la firma logró un contrato por G. 6.800.000.000 en el año 2017, bajo la administración de Sandra McLeod de Zacarías. “Mi relación con ellos es solamente laboral, porque llegué a Ciudad del Este y gané una licitación. Es solo a través de contratos, meramente laboral”, afirmó al respecto del supuesto vínculo con los políticos.
